Valencia Noticias | Agencias.- Las investigaciones sobre la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos que se está desarrollando en el marco de la Operación Taula apuntan a una posible financiación ilegal del Partido Popular valenciano y también al blanqueo de capitales, según ha indicado rtve24 y rne en sus informativos al igual que la Cadena Ser.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el pasado martes detuvieron a 24 personas, sospecha de esa relación tras escuchar las conversaciones grabadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent con distintas personas, entre ellas varios cargos públicos del PP.
Entre los arrestados está el presidente de la Diputación y el PP de Valencia, Alfonso Rus, los exvicepresidentes de la institución provincial Máximo Caturla y Juan José Medina y la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y exasesora de Rita Barberá, María José Alcón.
Según la investigación, los integrantes de la trama infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad valenciana se servían de sus puestos de responsabilidad y de su potestad en materia de contratación para “percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas”.
El juez investiga si cometieron prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Lo que tratan de determinar los investigadores, a partir de esos indicios, es si parte de ese dinero fue a parar a las arcas del PP en esta comunidad autónoma y si algunos de estos cargos tenían conocimiento de estos hechos.
La investigación podría acabar afectando a Rita Barberá
Varios medios nacionales señalan la investigación puede acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado ‘popular’ Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas.
El propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se pronunció ya sobre este supuesto y, preguntado por si tomará medidas contra Barberá o Camps en caso de ser imputados, recalcaba que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están “absolutamente limpios”.
Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.
Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia.
