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La magistrada aprecia una relación causal entre la interrupción del suministro de oxígeno provocada por las inundaciones y el fallecimiento de la mujer una semana después
La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha elevado a 232 el número de víctimas mortales de la catástrofe en la provincia de Valencia. La decisión supone incorporar al procedimiento judicial una víctima más respecto al recuento reconocido hasta ahora.
La nueva víctima es Ruth, una vecina de Guadassuar que padecía insuficiencia respiratoria crónica y necesitaba oxigenoterapia. La inundación de su vivienda y el corte del suministro eléctrico impidieron que pudiera continuar recibiendo el oxígeno que necesitaba.
La mujer falleció posteriormente en el Hospital de la Ribera, en Alzira, el 6 de noviembre de 2024, una semana después de la dana.
Fue rescatada al día siguiente de la barrancada
Según recoge la investigación, Ruth fue rescatada por bomberos y varias vecinas alrededor del mediodía del 30 de octubre, después de haber permanecido en una situación especialmente delicada por la falta de oxígeno.
Tras el rescate fue trasladada inicialmente a una residencia de Guadassuar, donde consiguieron reanimarla. Posteriormente fue evacuada en ambulancia hasta el Hospital de la Ribera, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento.
La clave para que la magistrada haya decidido incorporarla al listado de fallecidos por la dana se encuentra en el informe forense incluido en el procedimiento.
Según este documento, la interrupción de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica que necesitaba la mujer, como consecuencia de la dana, actuó como «factor desencadenante» de la descompensación respiratoria aguda que provocó su ingreso hospitalario.
La jueza establece una «relación de causalidad»
La instructora considera que existe una «relación de causalidad» entre la interrupción del suministro de oxígeno y el posterior fallecimiento, circunstancia que lleva a incluir a la mujer como víctima de la dana dentro de las diligencias que se investigan.
La resolución todavía puede ser recurrida en reforma y apelación.
La instrucción podría prolongarse otros seis meses
Paralelamente, la jueza ha planteado a las partes una nueva prórroga de seis meses de la investigación a partir del próximo 30 de octubre.
Fiscalía y el resto de partes personadas disponen de cinco días para presentar sus alegaciones sobre la posible ampliación de los plazos de instrucción.
La Fiscalía rechaza pedir a Bernabé todas sus comunicaciones
La causa también mantiene abierto otro frente relacionado con las comunicaciones mantenidas durante la emergencia.
La Fiscalía se ha opuesto a la petición de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, para que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, entregue todas sus comunicaciones relacionadas con la emergencia.
El Ministerio Público considera que esta diligencia «carecería de utilidad y resultaría prospectiva», al entender que no se concreta qué testimonios o datos se pretenden comprobar mediante esas comunicaciones.
La Fiscalía recuerda además que, de acuerdo con el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, la función de la delegada del Gobierno es de coordinación entre la Administración estatal y la autonómica.
