La titular del Juzgado de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado elevar una exposición razonada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que valore la posible responsabilidad penal del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024.
La magistrada considera que existen indicios de delito y, dado que Mazón es aforado, solo puede ser investigado por el alto tribunal autonómico.
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¿Qué es una exposición razonada y por qué se envía al TSJCV?
La exposición razonada es un escrito motivado en el que un juzgado ordinario comunica a un tribunal superior que aprecia indicios de delito respecto a una persona aforada. En este caso, la jueza entiende que los hechos analizados podrían ser constitutivos de responsabilidad penal y, por tanto, corresponde al TSJCV decidir si asume la causa y abre investigación formal.
La resolución supera las 100 páginas y analiza comunicaciones, testimonios y la toma de decisiones durante las horas críticas de la catástrofe.
El mensaje clave: “De confinar nada, Salo”
Uno de los ejes del auto es la conversación mantenida la tarde del 29 de octubre entre el entonces jefe de gabinete del president y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ya investigada en la causa.
Según recoge la instructora, el jefe de gabinete trasladó a la consellera el mensaje: “De confinar nada, Salo”. Para la magistrada, el tono y el contexto de ese mensaje tienen carácter imperativo y no pueden interpretarse como una mera opinión o consejo.
La jueza sostiene que, por la posición jerárquica del interlocutor y su papel dentro del equipo del president, esos mensajes deben entenderse como órdenes. Además, subraya la estrecha relación entre el jefe de gabinete y el entonces máximo responsable del Consell.
Comunicación constante y control de la emergencia
La resolución también destaca que en la conversación se anunciaba la inminente llegada del president al CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada), lo que, a juicio de la magistrada, evidencia que existía una comunicación constante entre Mazón y su jefe de gabinete.
La instructora considera “inverosímil” que el jefe de gabinete actuara por iniciativa propia sin conocimiento del president, especialmente en un contexto de emergencia de extrema gravedad.
“Parálisis” en los momentos decisivos
El auto apunta a una falta de coordinación y a dudas competenciales por parte de la consellera investigada, lo que habría generado una situación de parálisis en las horas clave.
Según la jueza, esa indecisión fue determinante en el resultado mortal de la emergencia, al no adoptarse medidas de alerta “precisas, concretas y a tiempo”.
La magistrada aprecia un posible nexo causal entre la falta de coordinación en el nivel más alto de decisión y los fallecimientos registrados durante la DANA, al entender que la implicación directa del president era necesaria para activar y coordinar respuestas eficaces.
La “ausencia” del president, bajo análisis
Otro de los elementos destacados es lo que la resolución califica como pasividad en la adopción de medidas de coordinación. La jueza apunta a una ausencia de liderazgo efectivo en un momento crítico y considera que esa conducta podría ser relevante desde el punto de vista penal.
En concreto, sostiene que la evitación del resultado mortal requería una implicación directa del president en la coordinación interdepartamental y en la supervisión de las decisiones adoptadas por la Conselleria competente.
¿Qué ocurre ahora?
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deberá estudiar la exposición razonada y decidir si aprecia indicios suficientes para abrir causa contra Carlos Mazón.
En caso de admitirla, el alto tribunal asumiría la investigación por la condición de aforado del expresident. Si la rechazara, la causa seguiría su curso únicamente respecto a los otros investigados.
La decisión del TSJCV marcará el rumbo judicial de uno de los episodios más graves en la historia reciente de la Comunitat Valenciana y situará el foco en el nivel máximo de responsabilidad política en la gestión de la emergencia del 29O.
