La jueza de la DANA rechaza unificar las acusaciones en el caso que involucra a Pradas y Argüeso
Un viernes con gran actividad se vivió en el juzgado encargado de la investigación sobre la gestión política de la DANA, que tiene como imputados a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y a su segundo, Emilio Argüeso. En las últimas semanas, la Audiencia ha respaldado gran parte de la instrucción llevada a cabo por la magistrada, a pesar de que la Fiscalía ha mostrado discrepancias en ciertos aspectos. Las decisiones han confirmado el trabajo de la jueza de Catarroja.
Durante la jornada, la instructora ha emitido nuevas resoluciones. Uno de los temas pendientes era decidir sobre la solicitud de unificación de acusaciones populares y particulares, presentada urgentemente por las defensas con el fin de agilizar la causa. La Fiscalía compartía esta petición, aunque con algunas reservas. Sin embargo, la jueza ha optado por rechazar la solicitud, manteniendo la posición procesal de todas las partes sin fusionar las representaciones. Esta causa, con repercusiones políticas significativas y una amplia cobertura mediática, atrajo a una docena de organizaciones, incluidos partidos políticos, sindicatos y otras entidades.
A pesar de ello, la jueza opina que la gran cantidad de abogados no impide el desarrollo normal de las diligencias. Hasta ahora, no se han registrado incidencias debido a esto, lo que debilita los argumentos de las defensas de Pradas y Argüeso. Además, señala la jueza, hay una complicación adicional debido a la diversidad de estrategias, con diferencias de intereses, objetivos y enfoques entre las diversas acusaciones, tanto por su naturaleza (popular contra particular) como en su orientación ideológica o en las circunstancias específicas de las víctimas.
Unificar de manera obligatoria las acusaciones afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que limitaría la autonomía de las distintas representaciones. Como consecuencia, por ejemplo, se restringiría la capacidad de los abogados para presentar pruebas o diligencias. En cuanto a las acusaciones populares, la magistrada enfatiza las claras diferencias en sus estrategias judiciales, algunas de las cuales coinciden con los argumentos de los investigados, lo que podría estar influenciado por su ideología. El auto indica que no se puede forzar a las representaciones a seguir tesis acusatorias con las que no estén de acuerdo.
Una de las propuestas de los dos investigados fue ceder la dirección de la acusación popular a Podemos, el primer partido que pagó la fianza para participar en la acción penal. Sin embargo, esta opción fue descartada por la instructora como inviable. Mientras se mantiene la situación actual, la magistrada establece cambios para el futuro en la forma de personación de nuevas acusaciones populares. En caso de nuevos interesados, deberán ser asumidos y agrupados por quienes ya están personados.
Con ocho meses transcurridos desde la DANA y tras numerosas diligencias, parece improbable que nuevas organizaciones deseen sumarse a la causa, especialmente si no cuentan con independencia frente al resto. La unificación de acusaciones no es una solución extraordinaria y tiene precedentes recientes, como en el caso Azud, pero no se aplicará en este caso, al menos hasta que la Audiencia se pronuncie.
