La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga presuntas subvenciones irregulares a ONGs por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, ve indicios para imputar al extitular de este departamento y actual síndic del PP en las Corts, Rafael Blasco, por lo que ha pedido a la cámara autonómica que acredite su condición de diputado, ya que es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el competente para instruir causas de aforados.
Así consta en una providencia de la jueza Nieves Molina, con fecha de este lunes, día 11, en la que, ante el contenido de todas las actuaciones practicadas en esta causa en la que hay 27 imputados y que lleva más de un año en instrucción, pide a las Corts la emisión de la certificación que acredite la condición de diputado de Rafael Blasco dados los “indicios existentes en la causa para imputarle hechos de naturaleza delictiva”.
Asimismo, en este escrito, contra el que cabe recurso de reforma en el mismo juzgado en el plazo de tres días, la jueza, conforme a lo dispuesto en el artículo 759.2ª de la Lecrim, acuerda oir al ministerio fiscal, en un plazo de 10 días, sobre la procedencia de elevar exposición motivada al respecto a la sala de lo Penal del TSJCV, según consta en el documento judicial.
La jueza que instruye este procedimiento investiga un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciutadania –que dirigía el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco– en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.
La titular del juzgado de Instrucción notificó el pasado 17 de mayo un auto por el que se acordaba levantar el secreto al que hasta ese momento y durante un año habían estado sujetas las diligencias previas, que incluyen los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.
Por estos supuestos delitos, el número de imputados asciende a 27, incluidos los últimos cinco administradores de empresas, a los que se le tomó declaración la pasada semana dentro de un pieza separada y sobre la que aún se mantiene el secreto.
De los 22 primeros imputados, seis son cargos o excargos en la administración, como el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.
VLCCiudad/Redacción
