La jueza investigadora del caso sobre la gestión de la catastrófica Dana, que ha ocasionado 229 muertes en la provincia de Valencia, ha decidido “por el momento” no volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que compartió almuerzo con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la inundación. Además, ha preguntado a la exconsellera de Justicia e Interior, también investigada en el procedimiento, si desea volver a declarar, tras haberlo hecho meses atrás.
En un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja ha descartado llamar nuevamente a Vilaplana como testigo, a pesar de la solicitud de las acusaciones populares, entre ellas el partido Ciudadanos. La jueza argumenta que primero deben declarar otros testigos del equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos sospecha que la periodista pudo haber dado un testimonio falso, basándose en declaraciones del propietario del restaurante El Ventorro y las fotos presentadas sobre el reservado donde comieron Vilaplana y Mazón.
Sin embargo, la magistrada ha rechazado investigar a la periodista por posible falso testimonio, recordando que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello se debe contar con una verdad previamente establecida procesalmente, lo que solo se logra mediante sentencia o auto de sobreseimiento firme. La jueza mantiene abierta la opción de tomar nuevamente declaración a Vilaplana si ella lo solicita, ya sea públicamente o ante el juzgado.
Por otro lado, respecto a la petición de Podemos de incluir en la causa el vídeo de la entrevista de la exconsellera de Justicia e Interior en el programa Salvados de La Sexta, que se emitirá el 30 de noviembre, la magistrada ha solicitado a la defensa de la exconsellera que en un plazo de un día indique si desea volver a declarar en el juzgado. Solo si así lo desea, se requerirá a Atresmedia que aporte el programa. La jueza enfatiza que cualquier declaración de un investigado debe realizarse con la debida asistencia legal dentro del procedimiento judicial, garantizando así los derechos de la investigada.
