La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de la investigación sobre la gestión de la dana, ha decidido rechazar la solicitud de una acusación particular que buscaba que prestaran declaración el exsecretario de Estado de Seguridad del 29 de octubre, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, así como responsables de carreteras de diversas administraciones y del administrador ferroviario Adif.
Además, la magistrada ha negado la petición de esta parte de obtener información de la Dirección General de Tráfico relacionada con el estado de carreteras e infraestructuras afectadas por el temporal del 29 de octubre. La resolución judicial indica que lo solicitado no contribuiría al esclarecimiento del “trágico fallecimiento” del hombre cuya viuda es representada por la acusación, ya que el deceso se produjo en una vivienda en Cheste, y no durante un desplazamiento, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La jueza sostiene que la solicitud no guarda relación con el “propio objeto de la investigación” ni con lo resuelto previamente por la Audiencia Provincial en mayo, y señala que excede el rol de la acusación particular. Según la magistrada, la petición más bien parece una denuncia sobre la falta de suspensión del tráfico por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y otras instituciones.
En su argumentación, la juez califica esta postura como “absolutamente endeble” y subraya que “desconoce las competencias de la administración autonómica y la posición de garante”, un aspecto esencial para atribuir homicidios imprudentes. La magistrada añade que dado que las alertas de protección civil a la población se emitieron recién a las 20:11 horas, resulta complicado responsabilizar a los titulares de las vías donde se produjeron los fallecimientos, ya sean carreteras estatales, autonómicas, provinciales o vías urbanas municipales.
Por último, la jueza reprende a la acusación particular al considerar que las diligencias solicitadas exceden su función y le indica que, si pretende actuar como acusación popular, debe hacerlo formalmente y no asumir competencias que no le corresponden.
En paralelo, el Juzgado ha comunicado a las partes que, mediante diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia, se ha citado a declarar en diferentes fechas de septiembre a una testigo de un fallecimiento y a trece familiares de víctimas, en calidad de perjudicados.
