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La jueza que investiga la gestión de la DANA descarta imputar a los alcaldes de los municipios afectados por la riada
Un día más de intensa actividad se vive en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, donde se investiga la gestión política de la DANA. La magistrada ha anunciado varias resoluciones en las que se acuerda la citación, en calidad de testigos, del alcalde de Utiel, el de Algemesí, el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, y tres trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Los trabajadores de la CHJ mencionados no fueron quienes enviaron los correos sobre la crecida del barranco del Poyo, interrumpiéndose el flujo informativo durante unas dos horas. Se reportó que la plantilla se redujo a la mitad la tarde del 29 de octubre. La magistrada ha adelantado en uno de sus autos que no ve responsabilidad penal en los alcaldes de los municipios afectados por la riada, respondiendo a la solicitud de imputar al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón (PP).
La responsabilidad penal se limita, por ahora, a la Generalitat, afectando a la consellera de Emergencias y a su entonces número 2. “Existe una diferencia fundamental entre la Administración Local y la Autonómica en cuanto a la emisión de alertas a la población y adopción de medidas de autoprotección”. La jueza destacó que uno de los requisitos para un homicidio imprudente por omisión es la posición de garante, la cual no se cumplió en el caso de Utiel ni en otros municipios. “Todos se vieron sorprendidos, no recibieron la información precisa ni se les aconsejó adecuadamente sobre las medidas a tomar”, afirmó, descartando cualquier imputación de las autoridades locales.
Si la petición de la familia de Utiel prospera, implicaría investigar a los alcaldes de prácticamente todas las localidades donde ocurrieron fallecimientos y lesiones, lo cual, según la jueza, estaría fuera del alcance del derecho penal. En esta línea, se ha aceptado la declaración del alcalde de Algemesí como testigo.
Ciudadanos tampoco ha tenido éxito en sus diligencias, ya que la mayoría fueron rechazadas. No obstante, la jueza ha aceptado citar al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat como testigo.
En otro auto, se deniega la solicitud de una acusación particular para que el Departamento de Seguridad Nacional aporte informes del 29 de octubre de 2024, calificándola como una diligencia innecesaria. Asimismo, la jueza rechaza la petición de una acusación particular que buscaba que el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia determinara la existencia de patologías específicas en las secuelas psíquicas, aunque se permite que los solicitantes aporten documentación médica.
La magistrada recuerda que los peritos del IML están realizando ya un examen exhaustivo de los padecimientos o patologías de las personas evaluadas. La agenda del juzgado empieza a llenarse con varias citaciones, incluyendo la del presidente de la CHJ, Miguel Polo, técnicos del organismo, tres peritos, el director y subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, y las alcaldesas de Paiporta y Catarroja, así como el alcalde de Sedaví, sumando aproximadamente una quincena de comparecencias.
