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La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio sobre lo ocurrido el 29 de octubre
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la investigación penal del caso de la dana, ha emitido seis autos. En el primero, en respuesta a la solicitud de diligencias presentada por el investigado Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, la magistrada ha decidido citar a declarar a 13 testigos. Entre los citados se encuentran el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; el director y subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el ex jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, así como los alcaldes de Paiporta, Catarroja y Sedaví.
La defensa de Argüeso solicitaba la imputación del presidente de la CHJ y de otros funcionarios por lo acontecido el 29 de octubre, específicamente por la falta de datos sobre el estado del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento resultó en la muerte de más de 200 personas. Según la magistrada Ruiz Tobarra, no se puede aducir desconocimiento por parte de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana sobre el SAIH, ni su acceso, y no se puede atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica o a otros cargos del organismo. La jueza subraya que, más allá de los correos electrónicos enviados entre las 16:13 y las 18:43, que informaban sobre el caudal, se debe considerar la información proporcionada por el SAIH.
El auto de la magistrada sostiene que no es aceptable alegar desconocimiento por parte del secretario autonómico, Emilio Argüeso, sobre el funcionamiento del SAIH ni su acceso a los datos. De ser así, tal ignorancia constituiría parte de la negligencia en la gestión de una emergencia. La jueza insiste en que ante una situación de riesgo grave de inundación en la provincia de Valencia, reflejada en un mensaje enviado a las 14:44 al chat de emergencias que alertaba sobre el colapso inminente de los barrancos, no se puede negar que Argüeso sabía que podían ocurrir desbordamientos, no solo en Carlet, sino también en el barranco del Poyo. La responsabilidad de las muertes debe ser evaluada en relación con la inacción y la posición de garante de los implicados.
La jueza establece que la solicitud para que Polo y otros funcionarios comparezcan como investigados está en manos de los afectados por la dana. También subraya que Argüeso no debió adoptar una posición pasiva esperando la información, puesto que esta estaba a su alcance y debería haber tomado iniciativas en tan grave emergencia meteorológica.
Finalmente, ha sido ordenado que 13 personas, incluido el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y otros testigos de interés, comparezcan ante el tribunal. Además, la magistrada ha admitido, previo pago de fianza de 6.000 euros, la incorporación de Compromís e Intersindical como acusación popular. Un particular también ha sido autorizado a ejercer la acusación popular, aunque su querella fue aceptada únicamente contra los dos investigados actuales en la causa, excluyendo al presidente de la Generalitat Valenciana debido a su estatus de aforado.
Otras decisiones judiciales incluyen la negativa a un recurso que buscaba obtener los audios de las llamadas al 112 por motivos de confidencialidad y la negación de investigar presuntas filtraciones a la prensa.
