La jueza de Catarroja (Valencia), encargada de investigar la gestión de la DANA, ha emitido un auto en el que solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que, en un plazo de tres días, informe sobre el despliegue de agentes para la vigilancia de emergencias en puntos de control específicos. Sin embargo, no ha solicitado la identificación de estos trabajadores, argumentando que lo relevante es conocer el lugar de intervención. Por el mismo motivo, se ha negado a pedir la identificación completa de los miembros de la junta de gobierno de la CHJ el 19 de diciembre, al considerar que no está relacionada con los hechos investigados.
Además, la magistrada no considera necesario obtener información sobre presuntos fallos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) durante las lluvias del 29 y 30 de septiembre, ya que no está vinculado al caso que evalúa el funcionamiento del SAIH el 29 de octubre de 2024.
La resolución subraya que la gestión de la emergencia es competencia de la administración autonómica, según establece el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. Esta claridad en la normativa era conocida, y por ello, agentes medioambientales deberían haber sido desplegados para controlar los barrancos, como lo han confirmado testigos del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).
Dos testimonios indican que la Conselleria de Interior rechazó movilizar recursos humanos, sugiriendo que se formalizara la solicitud por escrito. Al no atenderse la solicitud, se movilizaron bomberos forestales tras las alertas hidrológicas del río Magro y el barranco del Poyo, a partir de las 12:20 h.
El día anterior, ya con la previsión de la Aemet, se intentó la vigilancia con agentes medioambientales. Sin embargo, el 29 de octubre, a pesar del aviso rojo de la Aemet desde las 10:00 h para tres áreas de la provincia, no se movilizó personal para vigilar los barrancos, decisión que cuestiona la jueza.
La vigilancia, subraya, necesita seguimiento tanto en preemergencia como en emergencia. Esta se adoptó tras la alerta hidrológica y habría sido adecuada para la comarca de l’Horta Sud, considerando la hora de los fallecimientos reportados. La vigilancia también debió extenderse a los barrancos tributarios del Poyo, a la luz de las previsiones meteorológicas para áreas como Turís o Godelleta, que carecen de medidores.
Con relación a las precipitaciones, la llamada entre las 12:45 y 13:15 horas del 29 de octubre a los bomberos para medir la escala de Paiporta se presenta como prueba clara del fallo en la respuesta de emergencia.
En cuanto a la responsabilidad, la consellera autonómica fue informada de la necesidad de controlar el barranco del Poyo, incluyendo el uso de medios propios como brigadas forestales. La jueza destaca que esas brigadas, al igual que los agentes medioambientales, dependen de la Administración autonómica, no de la CHJ.
Por último, la jueza ha solicitado la declaración de testigos y analiza la obtención de grabaciones telefónicas del 29 de octubre y ha convocado a un ingeniero y otro testigo respecto a un informe sobre la presa de Buseo. Además, se evaluará la relación causal entre la muerte de una mujer el 6 de noviembre de 2024 y la tormenta.
También ha decidido recibir la declaración de familiares de 50 víctimas mortales que aún no han sido escuchados judicialmente y ha ordenado la incorporación de varios documentos a la causa.
