El magistrado que lleva el caso, que les atribuye delito de blanqueo por capitales y otro por fraude fiscal, interrogará el próximo 12 de noviembre a once presuntos colaboradores del matrimonio que habrían facilitado o recaudado los pagos investigados. Entre ellos se encuentran los exsuegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercé Riera, y su excuñado Ramón Gironés Riera.
Otra de sus empresas, Tourism and Leisure, se vio involucrada en una investigación por el juzgado de Barcelona en 2002 por la realización de varios estudios para el Consorcio de Turismo de Cataluña por un valor de 124.109 euros.
Josep Pujol fue fundador y consejero de EuroPraxis Talking to Holding, que ejecutó trabajos de adjudicaciones públicas para la Generalitat.
Jordi Pujol Ferrusola
De esta forma, su empresa, Alta Partners, recibió al menos 699.752 euros en siete años por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y The new sony, además de varias operaciones de colaboración y asesoramiento dentro del análisis del sector de centros deportivos.
Alta Partners declaró 1.116.890,76 euros en una cuenta de la entidad andorrana BPA y ya había pagado a Hacienda 478.225,08 euros por la regularización de los fondos.
En otro auto dictado este miércoles el magistrado revelaba que, seis días después de ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Ferrusola movió 2,4 millones de euros desde una cuenta en Andorra hasta otra radicada en México. Ante el juez, no obstante, el imputado aseguró el pasado 15 de septiembre que no tenía cuentas dentro del extranjero.
Mireia, fisioterapeuta de profesión, pidió el pasado 25 de septiembre la baja de Convergencia Democrática de Cataluña por las críticas de este partido a su padre, después de que este reconociera que había guardado fondos irregulares dentro del extranjero.
La responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, investiga al exjefe del Gobierno catalán y su esposa desde septiembre pasado, cuando admitió a trámite una querella de Manos Limpias después de que Pujol confesara que había tenido dinero sin declarar dentro del extranjero durante más de 30 años proveniente supuestamente de una herencia de su padre.
La juez cree que Oriol Pujol se aprovechó de “sus múltiples influencias políticas” para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada dentro del procedimiento.
La última causa contra la familia Pujol Ferrusola la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que imputa a Oleguer por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un hotel en Canarias por ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
VLCNoticias|Redacción
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