València, Cuatro de las ocho piezas en que se divide el conocido como caso Imelsa ya se encuentran prácticamente instruidas tres años después de las detenciones del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y varios de sus lugartenientes y la imputación de casi todo el equipo de Rita Barberá.
Pendientes de que se abra el periodo de presentación de escritos de acusación y defensa o de las últimas diligencias e informes, los investigadores prevén concluir en breve la instrucción de la pieza abierta por blanqueo de capitales y delito electoral (la A).
En esta pieza se encuentran procesados cerca de medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP local por un supuesto delito de blanqueo de capitales, al ingresar supuestamente en la cuenta del partido mil euros antes de las elecciones autonómicas de 2015 que, al parecer, les fueron devueltos en efectivo con fondos cuyo origen se presume ilícito.
Se da la circunstancia de que el único concejal del grupo popular que no estaba investigado en esa pieza, el independiente Eusebio Monzó, ha sido imputado esta semana en otro caso, el que investiga supuestas irregularidades en el patrocinio deportivo del Aeropuerto de Castellón cuando él era alto cargo de la Generalitat.
También constan como investigados por delito electoral quienes ejercieron como administradores del partido o coordinadores de campaña, como es el caso del exvicealcalde de València y número dos de Barberá durante años, Alfonso Grau.
Está asimismo prácticamente finalizada la pieza D, relativa a la adjudicación del servicio de atención telefónica de la Diputación a la empresa Servimun, controlada por Mariano López Sancho, exsuegro del exgerente de Imelsa y autodenominado “yonqui del dinero”, Marcos Benavent.
Las otras dos piezas en cuya instrucción se ha avanzado más son la B y la F, en las que se investiga, respectivamente, la presunta contratación fraudulenta de personal por parte de la Diputación y la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de centros educativos (CIEGSA).
Por el contrario, las recientes revelaciones (en junio de 2018) del ex secretario general del PP Ricardo Costa -condenado a cuatro años de cárcel por financiación ilegal- han ralentizado la instrucción de la pieza G, donde se investigan supuestas irregularidades cometidas por los responsables de CIEGSA en la adjudicación de contratos para la construcción de colegios.
