El ayuntamiento ha aprobado hoy la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública, con la que se pretende, según afirmó hace unas semanas la alcaldesa, Rita Barberá, “racionalizar el uso” del espacio público, “modernizarlo” adaptándolo a las nuevas características y funcionalidades de uso de la vía pública y “marcar con claridad” el sistema para facilitar el uso a los ciudadanos.
Pero la oposición no ve de este modo la ordenanza propuesta por el Partido Popular, y tanto el PSPV-PSOE como Esquerra Unida se han mostrado totalmente contrarios a su puesta en marcha en estas condiciones.
Los socialistas exigen que el PP cambie la redacción sobre la ocupación de las plazas
El portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Salvador Broseta, ha exigido al Partido Popular que “rectifique” la redacción de la disposición tercera de la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública que ha aprobado hoy la Junta de Gobierno.
Los socialistas insisten en que quieren que en el texto definitivo “quede claro que la disposición no va en contra del artículo 21 de la Constitución Española porque sería anticonstitucional”. Ha remarcado que la “deriva totalitaria” del Partido Popular en materia de derechos y libertades “nos lleva a recelar de un artículo que dice textualmente: No se autorizará ninguna solicitud de ocupación del dominio público municipal en los espacios centrales (…), quedando los mismos reservados para los actos que pueda organizar el Ayuntamiento, así como para aquellos en los que participe o colabore éste”.
Además, ha reiterado la “preocupación” de los socialistas al entender que esta redacción podría “sentar un precedente como en Madrid, donde el Partido Popular ha puesto encima de la mesa el debate sobre la limitación de los espacios por donde pueden discurrir las manifestaciones o concentraciones”. Por ello, Salvador Broseta insiste en que el texto definitivo tiene que ser “más explícito” para “evitar” que suceda como en la capital española.
Respecto al resto de materia que regula la nueva ordenanza, ha señalado que los socialistas no han podido revisar las nuevas normas porque el equipo de Gobierno ha enviado el documento a los concejales y concejalas una hora antes de que éste pasara a la Junta de Gobierno, convocada a las 10 de la mañana de hoy.
No obstante, ha adelantado que su formación tiene previsto iniciar una ronda de contactos con las asociaciones y colectivos afectados por la entrada en vigor de la nueva ordenanza porque entiende que un texto de esta envergadura debe contar con el máximo consenso.
“Debe ser una herramienta útil para el desarrollo económico de la ciudad, al mismo tiempo que debe garantizar la convivencia con vecinos, comerciantes, artistas callejeros y todos los afectados por la nueva normativa”, ha argumentado y ha asegurado que para lograrlo es “fundamental contar con todos ellos”.
EU considera que este texto tiene “unos claros beneficiarios y unos claros perjudicados”
La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha advertido que la nueva Ordenanza Reguladora de Ocupación del Dominio Público, que se ha aprobado provisionalmente hoy en Junta de Gobierno Local y que pasará por el Pleno del próximo viernes, tiene como principal objetivo la privatización del uso del espacio público. Según Albert, “se trata de un texto complejo y, sobre todo, innecesario en muchos de los aspectos que regula y que va a requerir de unos medios humanos y materiales con los que no cuenta el Ayuntamiento en estos momentos”. Otro de los puntos negativos es el haber tenido conocimiento del contenido a través de los medios de comunicación y, por tanto, “nos encontramos ante otro texto municipal que no ha contado con los grupos de la oposición”.
Asimismo, -ha añadido Albert- “entendemos que se trata de la privatización del uso del espacio público, hecho que va a suponer un perjuicio para determinados colectivos que hasta ahora desarrollaban su actividad en la calle”. En concreto se ha referido a la regulación de las actividades de los artistas callejeros y ha recordado que, tal y como dijo el pasado miércoles, va a suponer que personas que hasta ahora desarrollaban esta actividad y que no se ajusten a lo contemplado en la normativa sean susceptibles de ser sancionados sin tener en cuenta que estamos hablando de personas que en muchos casos se encuentran en casos de exclusión social”. “¿Se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar este texto el impacto negativo que pueden tener el imponer estas sanciones?, se ha preguntado la concejala.
En este mismo sentido, el hecho de dividir el desarrollo de estas actividades en dos zonas diferenciadas que serían el centro de la ciudad y la periferia “tiene como objetivo, una vez más, diferenciar entre ciudadanos de primera y de segunda clase, además, de buscar tan sólo la imagen de una Valencia de postal, tal y como ha intentado hacer el PP en otras muchas ocasiones con eventos como la Copa América o la Fórmula 1”.
Respecto a los cambios que se introducen en los casos de las mesas y sillas, “es más que evidente que van a tener unos claros beneficiarios y unos claros perjudicados”, ha afirmado Rosa Albert, quien ha añadido que mención aparte merece “la disposición adicional que en cuatro líneas pretende regular un espacio tan emblemático como es la plaza del Ayuntamiento que va a pasar de ser de propiedad de los ciudadanos y ciudadanas a propiedad del gobierno de turno”. Por este motivo, una de las alegaciones que presentará el grupo municipal irá encaminada a la petición de que el uso tanto de esta plaza como la de la Virgen no lo decida el equipo de gobierno sino que sea el resultado de una consulta previa ciudadana.
Desde Esquerra Unida, “estamos en contra de que espacios tan emblemáticos y puntos de referencia para todos los valencianos y valencianas no puedan ser utilizados para actividades culturales, lúdicas o reivindicativas de las entidades ciudadanas”. Para la concejala de la formación de izquierdas, “el PP no puede pretender que estos espacios se reserven a aquellos actos que el Ayuntamiento organice o a aquellos que directamente elija el propio equipo de gobierno ya que supone una discriminación. Esto supone un claro ejemplo de que los populares gobiernan para unos pocos y en su propio interés”.
“Nuestra percepción es que, una vez más, ganan los intereses privados frente a los públicos”, ha dicho Rosa Albert, quien ha apuntado también el hecho de que la puesta en marcha de esta normativa municipal activa un procedimiento y todas las ocupaciones de vía pública requerirán de una licencia o autorización administrativa a la vez que se tendrá que activar un protocolo de inspección para verificar que se cumplen las condiciones que se establecen en la Ordenanza. “¿Realmente ha previsto el equipo de gobierno si cuenta el Ayuntamiento con personal suficiente para poder poner en marcha el texto?”, ha concluido la edil.
VLC Noticias | Redacción. Fotos: VLC Noticias
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