El Ministerio para la Transición Ecológica, bajo el liderazgo de Teresa Ribera, archivó en 2021 un proyecto clave para la prevención de inundaciones en el barranco del Poyo. Las recientes lluvias vuelven a poner en cuestión si fue una medida acertada
Esta semana, con una nueva DANA en el horizonte, las fuertes lluvias en el levante español han vuelto a poner sobre la mesa el archivo del proyecto de adecuación ambiental del barranco del Poyo. Este plan, que fue concebido hace casi dos décadas y aprobado inicialmente en 2009, había sido diseñado específicamente para mitigar los daños por inundaciones en diversos municipios de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, decidió paralizarlo definitivamente debido a criterios económicos y de impacto ambiental. Esta decisión ha vuelto a generar una fuerte polémica, reabriendo el debate sobre la gestión de los recursos hídricos en España y la adecuación de infraestructuras para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Un proyecto estratégico para el levante español: protección contra inundaciones en 11 municipios valencianos
El plan de acondicionamiento y drenaje del barranco del Poyo nació en 2006 con un objetivo claro: reducir el riesgo de desbordamientos en una de las zonas más vulnerables de la Comunidad Valenciana. Involucrando también al barranco de la Saleta, el proyecto tenía como fin proteger municipios especialmente expuestos a lluvias torrenciales, como Alaquàs, Paiporta y Torrent. Su radio de acción incluía, además, una labor de preservación del Parque Natural de la Albufera, un área de alto valor tanto ecológico como turístico. En su conjunto, se trataba de una iniciativa ambiciosa que buscaba garantizar la seguridad de los habitantes y reducir los daños en infraestructuras clave.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable de coordinar la protección hídrica en esta región, elaboró el proyecto y lo clasificó como “prioritario” en 2009. Tras recibir una declaración de impacto ambiental favorable en 2011, el plan parecía listo para su ejecución, pero sucesivos cambios de gobierno y enfoques en materia de sostenibilidad retrasaron la puesta en marcha. Finalmente, en 2021, el Ministerio de Transición Ecológica archivó el proyecto en base a una serie de criterios ambientales y presupuestarios que, según fuentes del ministerio, hicieron inviable la obra.
2021: El punto de inflexión bajo la dirección de Teresa Ribera
La decisión de paralizar este proyecto en 2021 no fue una acción impulsiva; el Ministerio evaluó una serie de factores que, a su criterio, justificaban el archivo definitivo. El primero fue el presupuesto. Según el Ministerio, el coste de la obra era “desproporcionado” en comparación con los beneficios proyectados, especialmente dado que existían alternativas de menor impacto. Esto se determinó bajo un criterio de análisis coste-beneficio introducido en la revisión, que concluyó que la obra no cumplía con los requisitos de viabilidad económica.
Además, la aplicación de la Ley de la Huerta Valenciana, aprobada en 2018 bajo el gobierno de Ximo Puig, planteó incompatibilidades con el proyecto. Esta ley autonómica, creada para proteger la histórica huerta de Valencia y limitar las infraestructuras de gran impacto en esta área, condicionaba seriamente la realización de obras de drenaje como las planteadas en el barranco del Poyo. En consecuencia, el Ministerio de Transición Ecológica optó por priorizar enfoques menos agresivos con el medioambiente y ajustados a las normativas de protección.
Impacto ambiental y económico: el dilema de las infraestructuras de prevención en un entorno protegido
El debate sobre la viabilidad de este proyecto se centra en los costes asociados no solo a su construcción, sino también a sus posibles consecuencias ambientales. Según Javier Ferrer Polo, director técnico de la CHJ, el plan de adecuación del barranco del Poyo respondía a un claro objetivo de seguridad ciudadana y preservación medioambiental; sin embargo, el Ministerio defendió la necesidad de ajustar las intervenciones de infraestructura a criterios de sostenibilidad.
Desde el punto de vista del Ministerio, la solución planteada en 2006 ya no respondía al enfoque moderno de intervenciones sostenibles. “La obra implicaba modificaciones significativas en la estructura de la cuenca, lo cual podría generar un desequilibrio en los ecosistemas de la zona”, argumentan desde Transición Ecológica. Además, se temía que la intervención en el barranco provocara efectos secundarios, como la alteración del flujo natural del agua hacia el Parque Natural de la Albufera, cuyo frágil ecosistema depende de un equilibrio hídrico específico.
La DANA de octubre de 2024: un recordatorio de la vulnerabilidad de la región
La situación actual no ha hecho más que reavivar las críticas hacia la decisión de archivar el proyecto. Durante el episodio de fuertes lluvias del pasado 29 de octubre, la DANA descargó sobre la Comunidad Valenciana causando serias inundaciones en localidades de la ribera del barranco del Poyo. En municipios como Aldaia, Torrent, Paiporta y Alfafar, las calles se convirtieron en verdaderos ríos de agua y lodo, afectando viviendas y provocando daños millonarios en infraestructuras. El caudal del barranco del Poyo llegó a alcanzar un volumen estimado de casi 2.000 metros cúbicos por segundo, un flujo que el proyecto paralizado pretendía mitigar con medidas de drenaje y canalización.
Este último episodio ha puesto de relieve la vulnerabilidad de la zona y la necesidad de evaluar nuevamente la infraestructura de prevención en toda la región. La pregunta que surge es si el archivo de este proyecto en nombre de la sostenibilidad y la eficiencia económica realmente beneficia a la Comunidad Valenciana o si, por el contrario, aumenta el riesgo de futuros desastres.
La respuesta política: críticas y demandas de revisión del proyecto
La polémica en torno a la gestión del barranco del Poyo ha escalado rápidamente a nivel político. Grupos de la oposición y representantes municipales de las localidades afectadas han manifestado su descontento con la decisión del Ministerio, pidiendo una revisión del proyecto para adecuarlo a las necesidades actuales. Sostienen que, aunque la sostenibilidad y el respeto al medioambiente son esenciales, las decisiones de infraestructura no deben sacrificar la seguridad de las personas.
Desde el gobierno autonómico, no obstante, la Ley de la Huerta Valenciana sigue siendo una prioridad, y el marco de protección que representa continúa siendo defendido por sus impulsores. Este conflicto entre la preservación del patrimonio agrícola y la necesidad de intervención en infraestructuras hídricas plantea una cuestión compleja sobre cómo equilibrar la protección ambiental con la seguridad en zonas proclives a desastres naturales.
Futuro incierto: ¿puede un proyecto alternativo garantizar la seguridad de los municipios?
La situación actual obliga a considerar alternativas que no comprometan ni la seguridad ni el medioambiente, aunque los expertos advierten que encontrar soluciones intermedias puede ser complicado. “La construcción de pequeñas infraestructuras de drenaje o de mecanismos naturales de absorción del agua puede aliviar parcialmente la situación, pero en una zona tan expuesta a lluvias torrenciales, las soluciones a pequeña escala tienen limitaciones evidentes”, comenta un especialista en hidrología de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por el momento, no existen indicios de que el Ministerio de Transición Ecológica vaya a reconsiderar la paralización del proyecto original, aunque el aumento de episodios de lluvias extremas y el cambio climático podrían obligar a replantear esta postura en un futuro cercano. La combinación de una planificación de infraestructura basada en criterios sostenibles y la implementación de medidas efectivas de prevención es, sin duda, el desafío que enfrenta la Comunidad Valenciana en su camino hacia una convivencia segura y armoniosa con el medioambiente.
Reflexión final: ¿es posible encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y seguridad?
La situación del barranco del Poyo ilustra la creciente tensión entre el desarrollo sostenible y las necesidades de seguridad ciudadana. ¿Es viable construir infraestructuras que, sin comprometer el medioambiente, puedan proteger a las comunidades vulnerables frente a fenómenos extremos? En un contexto de cambio climático, donde los eventos de lluvias intensas y repentinas están aumentando, esta pregunta adquiere una urgencia que no se puede eludir.
¿Debería la gestión del riesgo climático primar sobre la protección de espacios naturales, o es posible encontrar soluciones que armonicen ambas prioridades?
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