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El pasado viernes 11 de abril, la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, compareció ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, encargada de investigar el caso de la DANA, para declarar que se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo y su trágico impacto en l’Horta Sud alrededor de las 21 horas del 29 de octubre. El Centro de Coordinación de Operaciones Integrales (Cecopi), desde donde se gestionaron las emergencias, estuvo, de facto, aislado de la realidad externa. Según la jueza y los testimonios de los familiares de las víctimas, con la información disponible, muchos de los fallecimientos podrían haberse evitado.
La postura de Pradas, mantenida desde el día posterior a la DANA, coincide con la declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. Este admitió el 19 de diciembre, aunque la información no se hizo pública hasta febrero, que por dos horas y media el Centro de Emergencias permaneció sin datos sobre el caudal de la rambla del Poyo, monitorizada únicamente por un medidor junto al puente de la A-3.
Entre las 16:13 y las 18:43 horas del 29 de octubre, según los correos electrónicos de los técnicos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), se produjo un apagón informativo sobre el caudal del Poyo. La técnico Carmen González informó a las 18:43 que, a las 18:40, el caudal alcanzaba un valor de 1.686 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente. A las 18:55, antes de perder el sensor de Riba-roja, el registro era de 2.282 metros cúbicos por segundo.
A las 17 horas del mismo día, de acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Júcar, el caudal era de 200 metros cúbicos por segundo, superando los 800 una hora después y alcanzando aproximadamente los 1.600 a las 18:30 horas. Sin embargo, estas cifras no generaron ninguna alerta especial por parte del SAIH.
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también compareció el lunes 14 de abril ante la jueza como testigo y explicó que en el Cecopi no se había mencionado al barranco del Poyo: “No se habló del barranco del Poyo. Todo fue con referencia a Forata”. Tanto el Consell, el Gobierno como la Confederación reconocen el despiste sobre el Poyo, concentrando su atención en Utiel y el embalse de Forata.
La administración falló en su compromiso de vigilancia sobre el Poyo. En cada correo remitido al 112, el SAIH reiteró su compromiso de seguimiento. En una alerta hidrológica del 29 de octubre, se prometió observar cualquier riesgo, pero el seguimiento cesó a las 16:13 con un caudal en la A-3 a las 15:50 de 28,7 metros cúbicos por segundo. A pesar de alertas sobre la magnitud del desastre, la información relevante no llegó a los responsables.
Los medios de comunicación también dieron la alerta. El periódico Las Provincias publicó a las 11:18 que el barranco de Chiva había desbordado, y a las 18:25 informó sobre la devastación en el centro de Chiva con un video mostrando el caos.
Entre las 16:40 y las 18:00, el 112 recibió 51 llamadas de vecinos de Chiva, reportando inundaciones y personas atrapadas. En total, casi 20.000 llamadas se registraron ese día, sin que ninguna adelantase la noticia al Cecopi antes de las 21 horas.
El 29 de octubre, entre las muchas víctimas mortales, Elisabeth y su madre desaparecieron aún sin encontrar. Trabajaban cerca de la A-3 y en su regreso fueron dirigidas por rutas peligrosas inundadas por el agua sin aviso alguno. De las 225 víctimas y tres desaparecidas, al menos 206 están relacionadas con el Poyo.
El testimonio de Dolores, quien perdió a su esposo y dos hijos a causa de la riada en Chiva, es desgarrador. Las familias también destacaron la falta de aviso en sus hogares, atrapados entre las 6 y 8 de la tarde, antes de recibir políticas de alerta.
El desastre reveló fallos en los sistemas de emergencia. Las administraciones, concentradas en la situación del embalse de Forata, descuidaron la situación crítica del barranco del Poyo, resultando en numerosas muertes evitables por falta de alerta y prevención.
