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La ZBE de Valencia entra en fase crítica: el calendario amenaza con una multa histórica
Martes, 18 de noviembre de 2025, 19:14 | Redacción
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia ha entrado en un punto de máxima tensión administrativa y política. El Ayuntamiento se enfrenta ahora a una cuenta atrás decisiva: si la ordenanza no queda aprobada antes de final de año, la ciudad podría verse obligada a devolver o perder ayudas europeas que oscilan entre los 115 y los 150 millones de euros.
La situación ha empeorado tras el pleno de noviembre. Lejos de aclarar el futuro de la medida, la brecha entre los grupos políticos ha aumentado, dejando en el aire una normativa que debía estar en funcionamiento desde hace meses. En el consistorio reconocen que la ventana de actuación “es ya mínima”.
Un pleno extraordinario como única salida
Fuentes municipales apuntan que la única vía viable es la convocatoria de un pleno extraordinario durante los próximos días. Este mecanismo permitiría aprobar la ordenanza por la vía de urgencia, aunque el procedimiento aún requeriría publicación oficial en el Boletín de la Provincia, un paso que suma varios días hábiles más.
La complejidad aumenta porque diciembre incluye dos festivos nacionales, lo que restringe todavía más el margen temporal. Aun así, desde el área de Movilidad insisten en que “técnicamente es posible”, siempre que exista un acuerdo político inmediato.
Las multas y cámaras quedan en pausa
Sin ordenanza, no hay ZBE. Esto implica que la fase informativa prevista para el 1 de diciembre no podrá ponerse en marcha. Las cámaras instaladas no pueden emitir avisos ni tramitar sanciones, y toda la red de control permanece desconectada hasta que la normativa esté aprobada y en vigor.
En la práctica, la ciudad queda ahora mismo en un “stand-by” completo. Los técnicos han frenado cualquier avance operativo hasta que haya una decisión política definitiva.
Las negociaciones, más alejadas que nunca
Tras el rechazo de Vox en el pleno de octubre, la alcaldía inició nuevos contactos con el PSPV en busca de un acuerdo alternativo. Sin embargo, las últimas conversaciones no han dado resultados y en el gobierno local se empieza a asumir que el entendimiento es improbable.
Sin abstención o voto favorable de alguno de los grupos de la oposición, la ordenanza no dispone de mayoría suficiente para salir adelante. Mientras tanto, la amenaza de un coste millonario para las arcas municipales sigue creciendo.
Con el reloj ya prácticamente agotado, la ZBE de Valencia se ha convertido en uno de los mayores dilemas políticos y administrativos del mandato. Si no hay un giro inesperado, la capital podría afrontar en enero una sanción de dimensiones históricas.
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