Las emisiones de CO2 en la Comunitat rebasan en un 37% lo permitido

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Las 178 instalaciones de la Comunitat Valenciana que están obligadas a presentar sus emisiones anuales de CO2 lanzaron durante 2018 un total de 8,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que supone 2,4 millones de toneladas más de lo permitido por el Gobierno. Esta diferencia, que equivale a rebasar en un 38 por ciento el límite legal, implica que las empresas valencianas deberán pagar un sobrecoste de 51,8 millones de euros al Estado.Así consta en el Balance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Comunitat elaborado por la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental que figura en el Visor Presupuestario de la Generalitat valenciana. Según estos datos, las emisiones en la región se han incrementado casi un once por ciento desde el año 2013, al pasar de ocho millones de toneladas a los 8,9 del año pasado.

El informe explica que el sobrecoste que deben pagar las empresas por exceder el límite establecido por el Consejo de Ministros del 15 de noviembre de 2013, es recaudado por el Gobierno central, aunque esta cantidad no se cede a la Comunitat «para financiar las actuaciones que desde aquí se desarrollan en materia de adaptación y mitigación del cambio climático».

Por sectores, el principal productor de CO2 es el cerámico, con 2,9 millones de toneladas, seguido por el cemento, la generación eléctrica y la refinería.

Según explica el documento de la Generalitat, el comercio de derechos de emisión se puso en marcha en España en 2005 de acuerdo con la Ley 1/2005, de 9 de marzo, afectando en la Comunitat Valenciana a un centenar de instalaciones, que en términos globales gozaron de un excedente de derechos de emisión en los periodos 2005-2007 y 2008-2012 debido a que sus emisiones fueron inferiores a los derechos asignados gratuitamente.

La citada Ley fue posteriormente modificada ampliando de nueve a 28 las actividades afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión.

Tras esta modificación se vieron incluidas en el régimen de comercio las instalaciones de fabricación de productos cerámicos mediante horneado con una capacidad de producción superior a 75 toneladas/día, mientras que hasta 2012 sólo estaban incluidas las que cumplían cierto umbral de producción.

Los derechos de emisión asignados constituyen la cantidad de toneladas equivalentes de dióxido de carbono que el Estado permite emitir de forma gratuita a las instalaciones afectadas por el comercio de derechos de emisión.

El Puerto aspira a la autosuficiencia energética

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) informó ayer de que se ha marcado como principal reto medioambiental lograr la autosuficiencia energética a partir de 2025, un objetivo que se enmarca en su estrategia de avanzar hacia la descarbonización de sus instalaciones a través del impulso de las energías renovables. El Puerto de Valencia aspira a disponer de su propia subestación eléctrica, infraestructura que permitirá que los buques paren sus motores y se conecten a la red en sus escalas en el recinto.
 

 

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