Las importaciones de arroz de Camboya y Birmania ponen en riesgo al valenciano




image_content_8032551_20180409204351En el año 2008 un kilo de arroz valenciano valía en el campo 0,50 euros. Hoy en día está entre los 30 y 31 céntimos. Una de las principales razones de este descalabro en el precio de uno de los principales productos de la agricultura valenciana es la importación en la Unión Europea (UE) de arroz desde Camboya y Birmania.

Aunque el tipo de producto que se compra a estos países asiáticos es el arroz índica (más conocido como «largo»), que no entraría en competencia con el valenciano, conocido como «redondo», los productores que sí se han visto afectados por la entrada de este producto, como los andaluces, han cambiado su producción al redondo, de forma que el mercado se está empezando ya a saturar.

Así lo explica el responsable de la sectorial del arroz de La Unió de Llauradors, Enric Bellido, quien asegura que es un asunto que les preocupa «muchísimo», puesto que está teniendo ya graves repercusiones en otras zonas, como Italia, la gran productora de arroz de Europa (cosecha el 50 por ciento de este cereal en toda la Unión Europea).

Otra de las ventajas competitivas de la Comunitat Valenciana, explica Bellido, es que produce un arroz de calidad difícil de sustituir por otros, aunque aun así, no está a salvo de perder cuota de mercado y de que sus precios caigan aún más.

Teniendo en cuenta que el consumo de arroz en Europa se está incrementando de manera muy importante debido, sobre todo, a la llegada de inmigrantes, los precios deberían de estar subiendo y haber mercado para todos. Pero no. La compra de este cereal a países asiáticos está produciendo un desequilibrio en el mercado.

Por ello, los productores valencianos exigen al Gobierno español que presente en la UE una solicitud de cláusula de salvaguarda para protegerles frente a estas amenazas e introducir algún tipo de arancel a estos productos. Esta medida ha sido ya adoptada por parte de los italianos.

El problema no viene de ahora, se solicitó ya al anterior Gobierno socialista, que tampoco adoptó ninguna medida. Desde entonces, el problema se ha ido agravando.

Otro de los grandes hándicaps del sector, explica Bellido, es que existe un oligopolio de empresas compradoras del cereal, por lo que estas determinan también de alguna manera el precio de este producto en el mercado. De forma que, al final, el eslabón más débil sigue siendo el agricultor.

Cuotas en aumento

En su solicitud de medidas de salvaguarda a la UE, Italia ha aportado indicios razonables de que las importaciones de arroz índica («largo») procedentes de Camboya y Birmania han aumentado sustancialmente y de que sus cuotas respectivas de arroz índica en el mercado de la Unión han pasado del 13 al 21 por ciento y del cero al cinco por ciento en las últimas cinco campañas de comercialización del arroz.

La solicitud también pone de manifiesto que los precios de importación correspondientes son muy inferiores a los de los productores de la Unión, lo que habría causado dificultades considerables tanto a los cultivadores como a los molineros de arroz índica de la UE. De hecho, la producción y las ventas de arroz índica blanqueado de la Unión han descendido un 40 por ciento durante los últimos cinco años, lo que ha dado lugar a una caída del 52 al 30 por ciento de las cuotas de mercado europeo en el mismo período.

Según la solicitud, los precios de las importaciones de arroz índica blanqueado procedente de Camboya y Myanmar/Birmania se sitúan incluso por debajo del precio medio del arroz no elaborado (arroz con cáscara o «paddy») producido por los arroceros. Por tanto, supuestamente estas importaciones han tenido efectos adversos considerables en los resultados globales de la industria de la Unión.

El senador de Compromís Carles Mulet criticó en la Cámara que el Gobierno español está haciendo «una importante dejación de funciones, al desconocer que, en febrero de 2018, el Gobierno de Italia (y no una asociación) presentó esta petición de aplicar la cláusula de salvaguarda». Denuncia que «mientras algunos estados están actuando en defensa de sus intereses y productores, vemos como el Gobierno español continua buscando excusas».

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