Mientras el precio de la vivienda sigue disparado, la natalidad continúa en mínimos y encontrar mano de obra es cada vez más complicado, España parece haber encontrado una solución mucho más rápida: hacer españoles.
Y además por partida doble.
Por un lado, la conocida Ley de Nietos. Por otro, la regularización extraordinaria de inmigrantes. Dos procesos completamente distintos jurídicamente, pero que en apenas unos años han terminado protagonizando uno de los mayores debates políticos de la legislatura.
Porque los números impresionan.
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Dos vías diferentes… millones de personas
La regularización extraordinaria de inmigrantes cerrará su plazo con alrededor de 1,2 millones de solicitudes, muy por encima de las previsiones iniciales del Gobierno, que hablaban de unos 500.000 posibles beneficiarios.
Mientras tanto, la llamada Ley de Nietos también ha pulverizado expectativas.
Los datos disponibles reflejan:
- Personas potencialmente interesadas: 2,45 millones.
- Expedientes presentados: 1,2 millones.
- Nacionalidades ya concedidas: 544.722.
Y la cifra seguirá creciendo durante 2026, porque cientos de miles de expedientes todavía continúan tramitándose.
Argentina gana por goleada
Si hubiera un campeonato mundial de solicitudes de nacionalidad española, Argentina levantaría el trofeo.
Casi cuatro de cada diez expedientes proceden de allí.
Después aparecen Cuba, México, Venezuela y otros países latinoamericanos donde la emigración española dejó una huella enorme durante los siglos XIX y XX.
Nada extraño.
Miles de gallegos, asturianos, leoneses o canarios cruzaron el Atlántico buscando una vida mejor. Ahora ocurre el viaje administrativo de vuelta.
Galicia, la gran fábrica de nuevos españoles
Si algún territorio puede presumir de exportar apellidos durante décadas fue Galicia.
Por eso A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense son las provincias donde previsiblemente más descendientes recuperarán la nacionalidad española.
Después aparecen Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cantabria, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Jaén, Granada o Almería.
La historia migratoria explica prácticamente todo.
Y entonces llegó la política
Aquí es donde desaparecen los árboles genealógicos y aparecen los argumentarios.
El PP sostiene que la Ley de Memoria Democrática puede tener un importante efecto sobre el censo electoral y Alberto Núñez Feijóo ha llegado a calificarla de “ingeniería electoral”, defendiendo que si gobierna revisará esta normativa.
Vox va aún más lejos y denuncia un supuesto intento de alterar el equilibrio electoral mediante nuevas nacionalizaciones.
El Gobierno responde justo en sentido contrario.
Defiende que la medida busca reparar una injusticia histórica con los descendientes de exiliados y recuerda que la adquisición de la nacionalidad responde a requisitos legales establecidos por la ley, no a criterios políticos.
Además, subraya que aún no existen datos oficiales que permitan afirmar qué impacto tendrá realmente en futuras elecciones.
¿Cambiará el mapa electoral?
La realidad es bastante menos cinematográfica de lo que sugieren muchos titulares.
Que haya nuevos nacionales no significa automáticamente que todos voten.
Ni siquiera que todos se inscriban en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Y mucho menos que lo hagan en una misma dirección política.
Es cierto que las provincias con fuerte emigración histórica podrían incorporar más electores potenciales, pero hoy por hoy no existen datos oficiales que permitan concluir que eso vaya a modificar el reparto de escaños.
Entre la historia y el debate político
Lo que sí parece indiscutible es que España vive uno de los mayores procesos de ampliación de ciudadanía de las últimas décadas.
Un fenómeno que mezcla memoria histórica, inmigración, demografía y política.
Y que, como casi todo últimamente, acaba convertido en munición para unos y en motivo de celebración para otros.
Porque en España ya no solo se discute quién gana las elecciones.
Ahora también se discute quién puede llegar a votarlas.
