El caso de las VPP de Les Naus, en la Playa de San Juan, ha dado un giro dramático en los juzgados. El director territorial de Vivienda, Juan Manuel Galbis, ha revelado ante la jueza la lapidaria frase que le soltó el técnico responsable cuando estalló la polémica por las adjudicaciones a políticos y familiares: “Asumiré toda la responsabilidad”.

Un “colador” legal para beneficiar a los de siempre

La primera jornada de declaraciones en el Juzgado número 5 de Alicante ha dejado al descubierto las vergüenzas del sistema. Según la acusación popular, la normativa actual es un auténtico “colador”. ¿El motivo? Quien adjudica realmente los pisos es el promotor privado, sin que la administración tenga herramientas reales para obligar a cumplir los requisitos de necesidad.

Lo más sorprendente del relato de los altos cargos es la confianza ciega que depositaron en el funcionario expedientado:

• Poder absoluto: El técnico se adjudicó a sí mismo la exclusividad para visar los 140 expedientes.
• Falta de control: Sus superiores admiten que no revisaban su trabajo porque llevaba más de 20 años en el puesto.
• Reincorporación polémica: A pesar del expediente abierto, el funcionario volvió a su puesto de trabajo este mismo lunes.

El reguero de dimisiones que no cesa

El escándalo de Les Naus no es solo administrativo, es un incendio político en el Ayuntamiento de Alicante que ya ha forzado la salida de:

• Rocío Gómez: Exconcejala de Urbanismo (PP) y beneficiaria de uno de los pisos.
• María Pérez-Hickman: Directora general municipal (sus hijos y sobrino consiguieron casa).
• Miguel Ángel Sánchez: Jefe de gabinete en la Conselleria de Industria (su expareja es adjudicataria).

¿Por qué es clave esta noticia?

Para un vecino de Valencia o Alicante que lleva años esperando una vivienda protegida, descubrir que el proceso ha sido un “yo me lo guiso, yo me lo como” entre un funcionario y promotores es indignante. La investigación apunta a que se han saltado los principios de igualdad para favorecer a personas con sueldos públicos y contactos directos, dejando fuera a familias que realmente lo necesitan.

El “Toque de Autor” (Análisis de Valencia Noticias): Desde nuestra redacción consideramos que un “lo siento” no es suficiente cuando hablamos de un derecho constitucional como es la vivienda. Que el responsable único de visar estos pisos se reincorpore a su plaza en plena investigación es un insulto a la transparencia. Este caso demuestra que la administración valenciana necesita filtros mucho más estrictos para que la vivienda protegida llegue a quien tiene que llegar, y no a quien tiene el despacho de al lado.