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Los afectados por la salida a bolsa de Bankia señalan a los reguladores: “Ha sido una estafa total al pueblo”

4859191Como cada jueves, un grupo de afectados por el ‘caso Bankia’ se reúne en el número 1 de la madrileña calle de Alcalá para reclamar justicia. Muy cerca, en el número 48 de la misma avenida, se encuentra la sede del Banco de España, el organismo supervisor que dio el visto bueno a las cuentas de la entidad financiera para su salida a bolsa en julio de 2011.

En ambos escenarios se seguirá con especial atención el juicio oral que comienza este lunes en la Audiencia Nacional y que juzgará a 34 exdirectivos de la entidad acusados de falsear las cuentas anuales de 2010 y 2011 así como de cometer un fraude a los inversores al sacar la firma a bolsa dando información falsa.

“Lo único que pedimos es que paguen los que tienen que pagar. El Banco de España, la CNMV… todos los que sean culpables”, señala a RTVE.es Paloma Ramírez, una de las afectadas por la salida a bolsa de la entidad y que llegó a perder hasta 70.000 euros, aunque luego los recuperó más tarde.

Un total de ocho ex altos cargos de ambos reguladores fueron citados como investigados durante la instrucción de la causa, gracias a los recursos presentados por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y por la Confederación General del Trabajo, (CGT), personadas como acusación popular en el juicio que arranca este lunes, si bien la Audiencia finalmente los rechazó.

De esta manera, el tribunal libró del banquillo al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al subgobernador Javier Aríztegui o al expresidente de la CNMV Julio Segura, entre otros. No ocurrió lo mismo con la auditora Deloitte, que sí estará presente en la causa.

El papel de los supervisores, en entredicho

Tanto la CIC como la CGT se amparan en el voto particular que emitió la magistrada Clara Bayarri en el auto de la Audiencia, quien defiende que “existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad”, ya que dichos responsables “avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas”.

“Puedo ir más allá y decirles que se crearon ad hoc equipos de trabajo dentro del Banco de España como son los famosos Comités Técnicos Consultivos (CTC), en los cuales se estudiaba la forma de evitar la ley para sacar este tema adelante”, explica el presidente de la Confederación Intersindical de Crédito, Gonzalo Postigo, quien asegura que muchos de ellos continúan ocupando puestos de responsabilidad en el Banco de España.

Asimismo, las acusaciones tienen a su favor tres informes de los dos inspectores del Banco de España que hicieron de peritos judiciales, Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, donde insisten en la existencia de irregularidades en las cuentas empleadas por la entidad en su operación de salida a bolsa al “no reflejar la imagen fiel” y “no cumplir la normativa de aplicación”.

“Por el bien de la integridad del sistema financiero español, esta gente no debería estar ahí”, subraya Postigo. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sostiene que la elaboración de las cuentas es una obligación “exclusiva y excluyente” de los Administradores y la actuación del Banco de España, como órgano supervisor, nunca podría encajar en términos penales de cooperación o complicidad.

“Una estafa total al pueblo”

En este escenario, los afectados denuncian que la salida a bolsa de Bankia ha sido “una estafa total al pueblo”, donde “se pusieron todos de acuerdo para sacar el dinero a la clase trabajadora”. Así lo señala Beni, quien invirtió 20.000 euros en acciones tras las buenas expectativas que ofrecían.

“A nosotros nadie nos obligó. Simplemente las compramos porque decían que Bankia iba muy bien, pero se ha demostrado que no. ¿Cómo se les ocurre vender acciones sin tener capital?”, se pregunta.

Según datos de la entidad, ya han sido devueltos más de 1.900 millones de euros a 225.106 cuentas de inversores. Beni es una de ellas. Por su parte, de las cerca de 11.000 personas físicas o jurídicas personadas en la causa en calidad de perjudicados, quedan 168 sin recuperar su inversión, que totaliza un importe de 2,1 millones de euros; ellos formar la acusación particular de la causa que comienza este lunes.

Sin embargo, muchas de las víctimas confiesan a este medio que no todo su dinero ha sido recuperado, porque cerca de un 20% de los honorarios fue para los letrados. “No hemos ganado todo. Yo con 36.000 euros, a lo mejor he recuperado 28.000 porque las abogadas cobran un porcentaje y el ministerio nos hace pagar por las plusvalías”, explica Antonio Hernández, otro de los damnificados.

Secuelas psíquicas y físicas

Y no solo es el dinero que han perdido. Los afectados denuncian que sufren una serie de secuelas psíquicas y físicas a raíz del rescate de la entidad.

“Aquí el que más y el que menos estamos en tratamiento psiquiátrico, con pastillas, con un sistema de dolencias y enfermedades que en la vida lo vamos a recuperar”, detalla Antonio.

En la misma línea, Paloma señala que han sido “seis años luchando día tras día. Seis años enfermos, con cáncer, con gente con la bolsa de próstata andando… Además de las muchas personas que han fallecido y no se las cuenta”.

Por ese motivo, reclaman justicia. Solicitan que “verdaderamente” se cumpla la ley, que se impongan el máximo de penas permitidas y que las cumplan sumadas a las otras. Además, exigen que todos los culpables “paguen” por lo que han hecho y que devuelvan íntegramente el dinero: “Que se pudran en la cárcel”.

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