Los beneficiarios de esta medida deberán estar matriculados en la asignatura de prácticas académicas de estudios oficiales de grado y/o máster que imparte la VIU y siempre de titulaciones relacionadas con profesionales de la Administración de Justicia.
Esta iniciativa pretende contribuir a la formación integral del alumnado universitario propiciando una formación que combine teoría y práctica. Ademas, resulta de interés para la formación de profesionales que en un futuro puedan colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma y en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía.
Se establecen dos modalidades de prácticas externas: por un lado, las prácticas curriculares, que son las que tienen su origen en los diversos planes de estudios y que son obligatorias para obtener la titulación requerida; y, por otro, prácticas extracurriculares.
Éstas son las que realizan los estudiantes con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aún teniendo los mismos fines, no están incluidas en los planes de estudio.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales se producirá en la medida que lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto, y quedando salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de las personas implicadas.
