La comunidad de Font Nova denuncia retrasos en la investigación, el saqueo de las viviendas y la falta de ayudas mientras continúa abierta la causa por el derrumbe que causó dos muertos en agosto de 2021

Cinco años después del derrumbe de un edificio de 55 viviendas en Peñíscola, los propietarios continúan esperando que se determinen las responsabilidades por una tragedia que costó la vida a dos personas. Los afectados denuncian además que el inmueble ha sufrido saqueos y actos vandálicos durante estos años y aseguran que siguen sin encontrar una solución administrativa, judicial o económica.

El siniestro ocurrió el 25 de agosto de 2021 en la Comunidad de Propietarios Patios Fase V, situada en la urbanización Font Nova. El colapso del inmueble provocó la muerte de una mujer de 54 años y un menor de 14.

A las puertas del quinto aniversario, los propietarios vuelven a reclamar avances en unas diligencias que consideran excesivamente prolongadas y recuerdan que todavía debe esclarecerse si existieron negligencias que puedan derivar en responsabilidades penales.

Una investigación que continúa abierta

La causa judicial experimentó un giro en octubre de 2024, cuando la Audiencia Provincial de Castellón ordenó reabrir la investigación al considerar prematuro su sobreseimiento provisional.

Posteriormente, en abril de 2025, la jueza de Vinaròs encargada del procedimiento acordó tomar declaración como investigados a técnicos relacionados con la tramitación del edificio para determinar si podían existir indicios de responsabilidad penal.

Entre las cuestiones que se investigan figura una eventual actuación negligente o un posible incumplimiento del deber de cuidado relacionado con la seguridad estructural del inmueble.

En octubre comparecieron ante el juzgado el arquitecto municipal que firmó la licencia de obras, el técnico jurídico del Ayuntamiento que informó sobre ella y la aparejadora municipal que intervino en la licencia de primera ocupación.

También se acordó la declaración de la persona responsable del visado del proyecto arquitectónico y se solicitó información al Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón sobre la documentación incorporada al proyecto.

Los propietarios aseguran que esa respuesta continúa pendiente. Añaden que en febrero de 2026 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana requirió al Colegio de Arquitectos el nombramiento de un perito para comparecer en el juzgado y denuncian que el trámite todavía no se habría completado.

Un informe apuntó a deficiencias en la construcción

Una de las piezas relevantes del procedimiento es el informe elaborado por la Conselleria de Vivienda sobre las posibles causas del derrumbe.

Sus conclusiones apuntaban a una combinación de deficiencias y errores en la estructura y señalaban que la ejecución de las obras se había apartado de determinados criterios establecidos en el proyecto de construcción.

Entre las anomalías recogidas figuraban la utilización de ladrillos de calidad inferior a la prevista, unos cimientos insuficientes y problemas de humedad en la cámara sanitaria.

Según aquel análisis, la presencia de humedad habría llegado a reducir hasta un 40% la capacidad de los muros de carga.

Determinar cómo pudieron producirse estas deficiencias y si pueden atribuirse responsabilidades constituye precisamente una de las cuestiones centrales que quedan por resolver judicialmente.

Viviendas saqueadas y un edificio vandalizado

Al problema judicial se suma el deterioro sufrido por el inmueble durante estos cinco años.

La comunidad asegura que, durante el prolongado periodo en el que la finca permaneció bajo custodia judicial, numerosas viviendas fueron saqueadas y vandalizadas.

Los propietarios describen actualmente el edificio como prácticamente abandonado y aseguran que continúan apareciendo roturas en el vallado instalado para impedir el acceso.

Ante esta situación han remitido un escrito a la Policía Local solicitando vigilancia y han presentado además una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños derivados de la vandalización del inmueble durante el periodo de custodia.

Los afectados también sostienen que las compañías aseguradoras implicadas no han ofrecido hasta ahora una respuesta que permita resolver la situación de unas viviendas que permanecen inhabitables.

Cinco años esperando una respuesta

El aniversario vuelve así a colocar sobre la mesa el drama de decenas de propietarios que perdieron la posibilidad de utilizar sus viviendas y que siguen pendientes tanto de la investigación judicial como de una eventual solución económica.

La comunidad critica lo que considera falta de respaldo por parte de las administraciones y reclama que se agilicen unas diligencias que todavía deben establecer qué ocurrió realmente y si las deficiencias detectadas pueden traducirse en responsabilidades.

El próximo 25 de agosto se cumplirán cinco años del derrumbe de Font Nova. Para los propietarios, el paso del tiempo no ha cerrado la tragedia: siguen con las viviendas inhabitables, un edificio deteriorado y vandalizado y una investigación judicial que todavía no ha dado una respuesta definitiva sobre las responsabilidades del colapso.