Intersindical quiere una «ley de igualdad lingüística» que incluya el requisito y CSIF señala que no puede imponerse, sobre todo en zonas castellanohablantes
La propuesta del Bloc para instar al Gobierno valenciano a que exija el requisito lingüístico en el acceso a toda la función pública -esto es, acreditar conocimiento de valenciano- no sólo augura una dura negociación en el seno del Consell entre Compromís y el PSPV. Y ello a pesar de que los propios socialistas presentaron en 2010 una proposición no de ley sobre la inclusión del requisito en la nueva redacción de la Ley de Función Pública. Pero también hay división de opiniones entre los sindicatos, si bien UGT y CCOO tienen claro que dicha exigencia no puede ser generalizada para todos los funcionarios.
Dicho con otras palabras, lo que las principales organizaciones sindicales pondrán sobre la mesa será su negativa a que dicho requisito pueda aplicarse también a puestos que no son directamente de atención al público. En declaraciones a este diario, Luis Lozano, de UGT, sentenció que «parece una locura que un gran médico no pudiera ser empleado público porque no sabe valenciano».
A partir de ahí, UGT entiende que para esos perfiles a los que no habría que pedirles de entrada el requisito lingüístico sí deberían asumir posteriormente el «compromiso de formarse en valenciano». Así, quienes accediesen a la función pública sin conocimiento de valenciano deberían luego, una vez conseguida la plaza, aprender la lengua «durante uno o dos años».
