Sarrià considera que para el partido Popular la educación no forma parte de su agenda política.
El concejal socialista Vicent Sarrià denunció ayer que las alegaciones que la Junta de Gobierno Local ha aprobado al Decreto del Consell por el que se fijan las directrices y parámetros para el establecimiento de las reservas dotacionales educativas, empeoran aún más el documento inicial, porque entre otras cosas pretenden que no se tengan en cuenta las viviendas vacías a los efectos de cálculo de población, es decir, renuncian a que en un futuro esas viviendas vacías puedan ser ocupadas o rehabilitadas.
“En el fondo, -manifiesta Sarrià-, lo que esconde esta alegación es minorar la reserva de suelo escolar de la ciudad y empezar a recalificar parcelas para construir más viviendas, perjudicándose así la calidad de la enseñanza. De esta manera la cultura de los “barracones” en los colegios a la que nos ha llevado el Partido Popular la pretenden perpetuar, causando un perjuicio irreparable a la enseñanza pública”.
Sarrià lamenta que estas alegaciones no se hayan discutido en la Comisión de Urbanismo, “y una vez más oculten el debate y la participación a los ciudadanos, para tapar intereses oscuros que beneficiarán en este caso a la enseñanza privada”.
El concejal socialista ha recordado que “el Decreto de la Generalitat pretende una disminución de la reserva de suelo escolar que deben exigir los ayuntamientos a los promotores, sobre la base de rebajar el ratio del porcentaje de alumnos de la población en edad del 9 al 6%; así como el cálculo de los habitantes por vivienda de 3,2 a 2,59, además de permitir el incremento de alumnos por aula”.
Con estas medidas, según los socialistas, lo que se pretende es que los ayuntamientos recalifiquen suelo escolar reservado e incluso que en los nuevos barrios programados se pueda eximir o reducir la reserva escolar, que hasta ahora era obligatoria y vinculante, causando un perjuicio a la calidad de la enseñanza e hipotecando el futuro de la educación.
“Son medidas orientadas a la especulación y el negocio de unos cuantos y un nuevo varapalo a la educación pública”, que como decimos el Ayuntamiento de Valencia pretende incluso ir más allá alegando que las viviendas vacías son estructurales, y nunca vivirá ahí ningún alumno que necesite colegio. “Es, -ha concluido Sarrià- un ejercicio de hipocresía intolerable, y por tanto reclama a la alcaldesa que esté menos atenta a las plusvalías de los privados y se preocupe por garantizar un futuro para la educación en nuestra ciudad”.
VLC Noticias | Redacción
