Miguel Bernad sostiene que acudirán al Tribunal Supremo si el Consejo de Ministros aprueba nuevamente los textos rechazados por el Congreso para buscar su convalidación en la Diputación Permanente. La organización considera que podría existir prevaricación administrativa, una tesis jurídica que deberá ser valorada, en su caso, por los tribunales.
Manos Limpias anuncia una nueva ofensiva judicial contra el Gobierno por la estrategia elegida para intentar recuperar los dos decretos de vivienda rechazados la pasada semana por el Congreso.
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Miguel Bernad ha asegurado que la organización presentará una querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y los miembros del Consejo de Ministros si el Ejecutivo aprueba nuevamente los decretos y los somete posteriormente a la Diputación Permanente.
Bernad sostiene que la operación podría constituir un delito de prevaricación administrativa.
Se trata, por ahora, de la interpretación y acusación anunciada por Manos Limpias. La presentación de una querella no implica que el Tribunal Supremo comparta esos argumentos, abra una causa o considere cometido delito alguno.
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“A los cinco minutos” de anunciarse
Bernad ha asegurado que la organización tiene preparada su respuesta.
Según ha explicado, si después del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno confirma que los decretos serán remitidos a la Diputación Permanente, representantes de Manos Limpias acudirán al registro del Tribunal Supremo para presentar la acción judicial.
El dirigente sostiene además que dirigirán la querella contra todos los integrantes del Consejo de Ministros al entender que se trataría de una decisión adoptada colegiadamente. Texto pegado
Manos Limpias habla de prevaricación
El argumento principal avanzado por Bernad se apoya en el artículo 404 del Código Penal, que regula la prevaricación administrativa.
Manos Limpias considera que volver a aprobar mediante reales decretos leyes medidas rechazadas anteriormente por el Congreso y buscar posteriormente su convalidación a través de la Diputación Permanente supondría una utilización ilícita del procedimiento.
Bernad utiliza expresiones como “fraude de ley” y “abuso de derecho” para definir la operación que atribuye al Ejecutivo. Texto pegado
El derecho a la propiedad, primer argumento
La organización plantea dos grandes argumentos para intentar sostener su futura acción judicial.
El primero se refiere al artículo 33 de la Constitución, relativo al derecho a la propiedad privada.
Bernad sostiene que determinadas medidas contenidas en los decretos limitan los derechos de los propietarios y considera que ello impediría recurrir al decreto ley para aprobarlas.
Esta es la interpretación jurídica defendida por Manos Limpias y no una conclusión judicial sobre la constitucionalidad de las medidas. Texto pegado
También cuestionan la “extraordinaria y urgente necesidad”
El segundo argumento afecta a uno de los requisitos constitucionales del real decreto ley.
La Constitución permite al Gobierno recurrir a esta figura normativa en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
Manos Limpias considera que el Ejecutivo no habría justificado suficientemente esa urgencia y pretende utilizar esta cuestión como otro de los fundamentos de su querella. Texto pegado
La Diputación Permanente, en el centro del conflicto
La polémica nace de la nueva situación parlamentaria creada después de la convocatoria de elecciones generales y la consiguiente disolución de las Cortes.
Durante este periodo, la Diputación Permanente mantiene determinadas competencias del Congreso.
Su composición es diferente a la del pleno y proporciona al bloque favorable a algunas de las medidas de vivienda una aritmética más ventajosa.
El Gobierno pretende aprobar nuevamente los decretos con modificaciones y buscar después su convalidación.
Manos Limpias considera que utilizar esta vía después de que los textos fueran rechazados por el pleno supone “ningunear al poder legislativo”. Texto pegado
De un rechazo parlamentario a una posible batalla judicial
Los dos decretos de vivienda han pasado así en cuestión de días de una derrota en el Congreso a convertirse en un posible nuevo conflicto jurídico y político.
El Ejecutivo sostiene que puede aprobar nuevos textos que incorporen modificaciones y someterlos al procedimiento constitucional correspondiente.
Manos Limpias anuncia que intentará llevar esa decisión ante el Supremo si finalmente se produce.
La clave llegará cuando el Consejo de Ministros formalice su decisión. A partir de ese momento, y si Bernad cumple lo anunciado, la batalla por los decretos de vivienda tendrá también un frente judicial.
