Más de mil personas se manifiestan en Valencia para reclamar el derecho a la vivienda

Colectivos sociales, vecinales y sindicales reclaman el fin de los desahucios, el control del precio del alquiler y una actuación decidida frente a la emergencia habitacional.

Más de un millar de personas, según la Delegación del Gobierno, se manifestaron este sábado por la tarde en Valencia para reclamar un acceso digno a la vivienda. La protesta fue convocada por colectivos sociales, vecinales y sindicales integrados en las plataformas Juntes per l’Habitatge, València No Està en Venda y l’Acord Social Valencià, bajo el lema “Pel dret a l’habitatge, ara!”.

La marcha partió desde la plaza de Sant Agustí y recorrió varias calles del centro de la ciudad con un mensaje claro: exigir el fin de los desahucios sin alternativa residencial, el control y la bajada de los precios de la vivienda y del alquiler, así como una vigilancia efectiva de los apartamentos turísticos.

Una movilización sostenida en el tiempo

La manifestación de este sábado se suma a otras protestas recientes en defensa del derecho a la vivienda. El 19 de octubre de 2024, una marcha bajo el lema “València s’ofega” reunió a más de 15.000 personas en la ciudad. Posteriormente, el 5 de abril, se celebró una nueva movilización simultánea en València, Alacant y Castelló, con una participación aproximada de 7.500 personas.

Los convocantes subrayan que estas movilizaciones reflejan una preocupación social creciente ante una situación que consideran insostenible.

Reivindicaciones claras y urgentes

Durante la protesta, Tino Calero, secretario general de UGT País Valencià, afirmó que más de treinta entidades del territorio valenciano se han unido para exigir que el derecho a la vivienda sea efectivo. Según explicó, la movilización busca medidas reales que permitan a la ciudadanía, especialmente a las clases trabajadoras y a la juventud, acceder a una vivienda digna.

Por su parte, María Alandes, portavoz de Juntes per l’Habitatge, reclamó la renovación y mejora del denominado escudo social, así como la declaración de zonas tensionadas en ciudades como València y Alacant, donde la turistificación ha reducido drásticamente la oferta de vivienda para el vecindario.

Un “plan de choque” frente a la emergencia habitacional

En el manifiesto leído durante la marcha, los colectivos convocantes exigieron un plan de choque consensuado con los movimientos sociales, vecinales y sindicales para abordar de raíz el problema de la vivienda. Denuncian que la falta de actuación coordinada por parte de las administraciones local, autonómica y estatal ha agravado la situación.

“Nadie está a salvo de un mercado descontrolado”, advierten, al tiempo que defienden que garantizar el acceso a la vivienda es una cuestión clave para el futuro común.

Precios disparados y expulsión de vecinos

Los manifestantes alertaron de que los desahucios continúan, los precios del alquiler son cada vez más inasumibles y la vivienda se trata como un bien sometido a la especulación. Denuncian además la expulsión de vecinos de sus barrios y la proliferación de apartamentos turísticos sin control efectivo.

La falta de un parque público de vivienda suficiente y el aumento del acoso inmobiliario son otros de los factores que, según los colectivos, están agravando la emergencia habitacional.

Datos que refuerzan la preocupación

La movilización llega en un contexto especialmente delicado. El precio medio de la vivienda en la Comunitat Valenciana aumentó un 3,5 % en el tercer trimestre de 2025, hasta situarse en 1.835 euros por metro cuadrado, un incremento superior al registrado en el conjunto del Estado.

En el caso del alquiler, la renovación de contratos que expiran en 2026 supondrá un aumento medio anual de 2.686 euros en la Comunitat Valenciana, muy por encima de la media estatal. Esta situación afectará a miles de familias y refuerza el temor a un incremento de los desahucios si no se prorroga y mejora el escudo social, que finaliza el 31 de diciembre.

Los convocantes advierten de que, de no adoptarse medidas urgentes, a partir del 1 de enero de 2026 podría iniciarse una cuenta atrás para el desahucio de más de 60.000 familias en todo el Estado.

“La vivienda no debe ser un privilegio al alcance de unos pocos, sino la base de una vida digna para todos”, concluye el manifiesto.

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