Ruth Merino, consellera de Hacienda y Economía, ha respondido a las declaraciones de Diana Morant, ministra de Ciencia y líder del PSPV, afirmando que los anticipos de la liquidación autonómica son recursos de los valencianos. Estos fondos provienen del sistema de financiación autonómica y no son ayudas extraordinarias del Estado, subrayó Merino.
Esta respuesta viene después de que Morant acusara al presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, de ocultar a los valencianos el “rescate” del Gobierno de España, que habría inyectado 1.000 millones en anticipos para pagar a los proveedores de la Comunitat Valenciana.
Merino aclaró que la solicitud de anticipos está prevista en el sistema de financiación autonómica, pudiendo ser solicitada ante situaciones excepcionales que generen necesidades de liquidez. Añadió que este año la Generalitat destina 2.364 millones de euros con recursos propios para la reconstrucción tras la dana, mediante deuda, debido a la falta de aportaciones a fondo perdido del Gobierno central.
La consellera señaló que la liquidación del sistema de financiación se transfiere dos años después del ejercicio liquidado. Explicó que en julio de este año se abonará la correspondiente al ejercicio 2023, totalizando 2.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana.
Además, recordó que en ejercicios anteriores, el Consell del Botànic también usó este mecanismo, recibiendo más de 5.000 millones en anticipos, incluso contando con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar el déficit.
En cuanto al FLA, Merino destacó que, por primera vez en 12 años, no se ha aprobado el extra FLA, lo que podría poner en riesgo la llegada de 1.900 millones en julio y 600 millones en diciembre. La habilitación de estos fondos depende de la voluntad política del Gobierno, afirmó.
Merino criticó que, pese a la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno tampoco ha actualizado la cuantía de las entregas a cuenta, lo que merma los ingresos de la Comunitat Valenciana en 165 millones de euros mensuales. La actualización de estas entregas depende del Gobierno, que debe aprobar un Real-decreto ley de actualización.
La consellera denunció que, el año pasado, ante la falta de PGE, el Gobierno no actualizó estas entregas hasta junio, pagando los retrasos a las comunidades autónomas desde septiembre, generando tensiones de tesorería.
En sus declaraciones, Merino criticó a Diana Morant y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por realizar afirmaciones que calificó de mentirosas o manipuladoras. Les acusó de no defender adecuadamente los intereses de la Comunitat Valenciana, solicitando más justicia financiera y apoyo para la recuperación. Finalizó afirmando que Morant parece trabajar en contra de los valencianos y en favor del Gobierno central.
