El Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar (Alicante) celebrará, en principio, el próximo 6 de marzo un pleno extraordinario para debatir la moción de censura presentada contra el actual alcalde, César Palmer, ex de Compromís y actualmente edil no adscrito.
La iniciativa ha sido registrada por los tres concejales del PSPV —Andreu Ripoll, Sofía Domínguez y Rubén Colomina— junto a la edil no adscrita Saray González, quien concurrió en las últimas elecciones municipales junto al propio Palmer bajo las siglas de la coalición valencianista.
Un alcalde sin equipo de gobierno
La moción llega después de que el primer edil quedara como único integrante del equipo de gobierno tras la salida, el pasado noviembre, de dos concejales del PP y de la propia González, que renunciaron a sus delegaciones y pasaron a la oposición.
Según los firmantes, el municipio atraviesa una “grave parálisis institucional” derivada de la falta de un ejecutivo estable, lo que —aseguran— ha afectado a la gestión municipal, los servicios públicos y la actividad administrativa.
En su argumentación, sostienen que la situación se ha visto agravada por distintos procedimientos en curso en los que, según apuntan, estaría implicado el alcalde, lo que consideran que requiere un “contrapeso institucional adecuado”.
Reparto de la alcaldía si prospera la moción
De salir adelante la iniciativa, la alcaldía se repartirá durante lo que resta de legislatura.
- Saray González asumiría primero la vara de mando, con Andreu Ripoll como primer y único teniente de alcalde.
- En la última parte del mandato, ambos intercambiarían los cargos.
Los cuatro ediles se comprometen a que las decisiones estratégicas —como presupuestos, contratación, personal o modificaciones económicas relevantes— requieran acuerdo previo y unánime entre los miembros del nuevo gobierno.
Asimismo, anuncian la creación de una comisión interna para revisar de forma inmediata la situación económica municipal y elaborar un presupuesto ajustado a la realidad en un plazo máximo de 30 días desde la constitución del nuevo ejecutivo.
El antecedente del informe del interventor
La moción de censura se produce meses después de que se hiciera público un informe del secretario-interventor del consistorio, fechado el 25 de noviembre de 2025, que alertaba de una presunta gestión irregular de fondos públicos fuera del sistema económico municipal.
El documento hacía referencia a la denuncia presentada por el propio alcalde ante la Guardia Civil por la sustracción de 6.300 euros en efectivo procedentes de la recaudación de servicios municipales que, según sus manifestaciones, se encontraban en su despacho.
Clima de tensión política
Los proponentes aseguran que durante los últimos meses han intentado alcanzar un acuerdo más amplio que incluyera a toda la oposición, pero que no fue posible. Finalmente, afirman haber optado por un pacto “de unidad y estabilidad” para recuperar la normalidad institucional.
El pleno del 6 de marzo será determinante para el futuro político del municipio, que podría cambiar de rumbo en la recta final de la legislatura si la moción obtiene la mayoría necesaria.
