“Nos tenemos que quedar todos en casa”. Ese es el mensaje del Gobierno para esta Navidad, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Las pronunció tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que, sin embargo, aprobó un plan que permite cambiar de comunidad autónoma entre el 23 de diciembre y el 6 de enero siempre que se acuda a una reunión con “familiares o allegados”.
Mediante este acuerdo se impone el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas salvo estas excepciones, cuya justificación no está clara, así como la limitación de las reuniones a 10 personas y el toque de queda a la 1.30 en Nochebuena y Nochevieja. El ministro apeló a la responsabilidad de los ciudadanos y aseguró que se refiere, además de a los familiares directos, a aquellas personas que sin serlo tienen un “gran vínculo afectivo”.
La estrategia aprobada este miércoles se basa en restringir los movimientos al máximo sin impedir las reagrupaciones familiares durante las próximas fiestas. Queda al arbitrio de los propios ciudadanos a quién consideran allegado. Está claro que no se puede ir a hacer turismo fuera de la comunidad donde se resida, pero la excepción es tan grande que resulta imposible de controlar. No es una novedad en esta crisis sanitaria, que ha impuesto limitaciones cuyo cumplimiento dependía en exclusiva de la voluntad de los ciudadanos. Es el caso también de la limitación del número de personas por reunión: nadie podrá comprobar que realmente se cumple.
La mayoría de las comunidades se adhirieron al plan. La principal nota discordante fue Madrid que, a través de un portavoz, aseguró este miércoles que “no se siente vinculada al acuerdo” y votó en contra. Aquí comienza una discrepancia jurídica que en el pasado acabó con la imposición del estado de alarma en la comunidad. En esta ocasión ya hay uno en vigor. Según Illa, gracias a él los acuerdos del CISNS son vinculantes y basta notificarlos a los Gobiernos regionales. Fuentes presentes en la reunión relatan que Madrid expresó que si no se publica en el BOE, no tiene intención de acatarlo. Illa respondió que no es necesario, así que no tiene intención de hacerlo.
No ha conseguido Sanidad el propósito de que saliera del Interterritorial una postura conjunta y un mensaje único. Es la razón por la que se había flexibilizado el número de participantes en las reuniones: de los seis que había previstos en el borrador inicial, a los 10 que se recogen ahora en las comidas y cenas de los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. Es una medida que proponían Madrid, Cataluña, el País Vasco, Navarra y Murcia. También la limitación del toque de queda, que estaba planeado para la 1.00 en las noches del 24 y el 31, y se ha llevado media hora más tarde, tal como pedía Madrid. Eso sí, solo se podrá estar en la calle a esa hora regresando a casa, no acudiendo a una fiesta o celebración.
Cataluña, por su parte, señaló que a pesar de que ha anunciado medidas similares a las acordadas en el Interterritorial, tampoco se siente vinculada con el acuerdo, ya que estas decisiones son competencia de su propio plan navideño. Fuentes presentes en la reunión señalaron que otras comunidades aseguraron que irán más allá en las medidas, algo que permite el acuerdo.
Posibilidad de rebrote
Las medidas, en opinión de varios epidemiólogos consultados, abren la posibilidad de un rebrote tras las Navidades —algo que la mayoría da por hecho— tras una caída continua en los casos: este miércoles la incidencia se situó en 251 por 100.000 habitantes, se registraron 9.331 contagios y 273 fallecidos. Lo ideal para evitarlo sería que todo el mundo se quedara en casa, que no hubiera reuniones de personas que no residen juntas. Pero no es una decisión sencilla. En la balanza ponen la demanda social de reunirse con la situación sanitaria. “Me alegra muchísimo no tener que decidir algo así. Para evitar la propagación del virus lo mejor sería eliminar las reuniones. Supondría seguir una línea dura que no hemos seguido hasta ahora, y que es lo que ha hecho por ejemplo Italia: cancelar la Navidad”, señala el epidemiólogo Javier del Águila.
Más allá de las limitaciones en concreto, algunos critican una falta de liderazgo clara y una estrategia. Es el caso de Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública: “Creo que habría que explicitar con más claridad los objetivos generales a alcanzar con el conjunto de medidas. Es decir, qué situaciones de riesgo se quieren evitar con cada una de ellas. Lo digo para que la población entienda, por ejemplo, qué se pretende con restringir la movilidad entre comunidades, pero no dentro de comunidades; cuál es el objetivo de la limitación de las reuniones dentro de los domicilios…” En su opinión, las medidas aprobadas no son las adecuadas, “no tanto por su literalidad”, como por la ausencia de acompañamiento de objetivos como sociedad y la falta de detalle sobre las situaciones de riesgo que “sí o sí” debemos evitar como compartir espacios cerrados entre no convivientes.
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