La Fiscalía investiga presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias
La Fiscalía Anticorrupción ha comunicado a Izquierda Unida la apertura de diligencias a raíz de la denuncia presentada por el grupo parlamentario de izquierdas a principios de mes, quien entregó al fiscal los expedientes de las adjudicaciones de 2009 a las residencias de la familia Cotino, así como las transcripciones de las escuchas entre Vicente Cotino y Enrique Ortiz. “Nos alegra que el fiscal haya decidido abrir diligencias e investigar este caso por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por parte del señor Cotino”, afirma la diputada autonómica de EUPV, Esther López Barceló .
López Barceló recuerda que estas adjudicaciones ascienden a más de 15 millones de euros. “En su mayor parte estas fueron a parar a Savia oa Gerocentros, empresas vinculadas a la familia de Cotino. Además, se produjeron mediante un procedimiento negociado sin publicidad, el cual también se ha repetido recientemente, en 2013 siendo ya la consejera Sánchez Zaplana, aumentando la cantidad a 22 millones de euros y de nuevo recayendo muchas de las adjudicaciones en las empresas vinculadas a la familia Cotino “.
La parlamentaria añade: “esperamos que esta investigación llegue hasta el final, y que se depuren todas las responsabilidades penales, y por supuesto las políticas, las cuales ya deberían haberse asumido por parte del señor Cotino, quien debería haber abandonado hace mucho tiempo su cargo como presidente de Les Corts. Recordemos que Cotino, como consejero de Bienestar Social, debería haberse eximido de llevar a cabo cambios normativos previstos en 2007 – que directa y objetivamente sabía que iban a beneficiar a las empresas de su familia. Todo este entramado da la imagen de una administración al servicio de una red clientelar y familiar. Los valencianos necesitamos con urgencia una limpieza de nuestras instituciones empezando por la dimisión del Presidente de Les Corts “, concluye.
