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Oltra asegura que la nueva renta de inclusión situará a la Comunitat Valenciana entre las cinco autonomías con más cobertura de España

Oltra afirma que la nueva Ley de Renta tendrá un efecto generador de riqueza que superará los 200 millones de euros.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que, con la nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión, la Comunitat Valenciana dejará de ser la antepenúltima en tasa de cobertura para situarse en la “vanguardia” de este tipo de normas, situándose entre las cinco primeras autonomías del Estado español.

Oltra ha hecho estas declaraciones en el debate sobre la totalidad del proyecto de ley de la Renta Valenciana de Inclusión, donde ha precisado que con la actual prestación de garantía, la inversión per capita del Consell se quedaba en 6,45 euros, y ahora se elevará hasta los cerca de 50 euros (49,73).

En esta línea, la vicepresidenta del Consell, basándose en un estudio sobre el impacto económico que tendrá la aplicación del proyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión realizado por el departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universitat de València, ha indicado que la nueva renta, además de situar a los valencianos en la “vanguardia” de las políticas sociales, también tendrá un “importante impacto” sobre la economía.

Así, ha defendido que la puesta en marcha de la nueva renta de inclusión supone “un paso más en el modelo de economía social impulsado por el Consell y tendrá un impacto generador de nuevas rentas que puede superar los 200 millones de euros en el año 2020, cuando la nueva ley esté aplicada en su totalidad, que transferido a los hogares se traducirá, a su juicio, en “una mayor demanda de bienes para el sector productivo, lo que repercutirá positivamente en el sector empresarial”.

Entre las conclusiones del estudio sobre el impacto económico que tendrá la aplicación de la ley de Renta Valenciana de Inclusión, Oltra ha señalado que la Universitat estima un retorno en el ámbito productivo de las empresas valencianas de 1,4 euros por cada euro invertido.

Para la vicepresidenta, la nueva prestación, además de cumplir su objetivo de lucha contra la pobreza, se producirá un retorno en la economía en su conjunto, de manera que cada euro invertido en esta prestación, generará “un retorno en la sociedad valenciana de 1,12 euros” y también “más de 3.000 puestos de trabajo, desde su puesta en marcha hasta su implantación plena en el año 2020”.

La nueva renta

El proyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que regula la puesta en marcha de una nueva prestación que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía, ampliará los requisitos para poder acceder a la ayuda y el tiempo de cobertura, por lo que, según ha detallado la vicepresidenta, ” llegará a más personas”.

El objetivo de este proyecto, ha subrayado Mónica Oltra, es ofrecer “una respuesta digna y de justicia a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización”, que han producido un “alarmante incremento de la exclusión social y un debilitamiento de la cohesión social en la Comunitat Valenciana”.

Por ello, esta nueva prestación permitirá que esta ayuda tenga carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo, porque el objetivo es convertirla en un instrumento que realmente permita a las personas “rehacer su proyecto de vida”, ha manifestado.

Entre la flexibilización de los requisitos de acceso a la nueva prestación de renta a señalado que será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, y la ampliación de la edad de para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.

El proyecto de ley también contempla la creación de distintos tipos de renta, así habrá una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.

El coste económico previsto en el proyecto de ley para su correcto cumplimiento en los tres próximos años se eleva a 650,1 millones de euros, según recoge la memoria económica del proyecto de ley, que se ha aprobado con el informe favorable del Consejo Económico y Social, y con el conforme del Consell Jurídic Consultiu.

Principales novedades

La nueva normativa introduce novedades significativas como la de contemplar la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de 3 años, con una carencia de dos.

El proyecto de ley también prevé la creación de distintos tipos de renta, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.

De esta forma, el importe de ésta será de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.

Entre las mejoras que recoge el texto, también se incluye la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren, y la concentración de las ayudas, así que la persona que sea titular de la renta tendrá también acceso a beneficios en otros ámbitos como el educativo o el de vivienda, sin necesidad de tener que hacer trámites adicionales.

Además, con esta norma se simplifica la tramitación y se ahorra gestión burocrática, de manera que serán los ayuntamientos los que se encarguen de hacer las valoraciones de las personas demandantes de la renta, y los servicios centrales de la Conselleria se encargarán de la gestión, logrando así que los equipos municipales puedan centrarse en hacer intervención sobre el terreno.

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