Olra, en una rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, ha señalado al respecto que las cuatro inspecciones realizadas al centro en 2019 derivaron en una propuesta de sanción en junio de 174.000 euros a la empresa al observar irregularidades tipificadas como muy graves, como es dar un trato degradante que afecte a la dignidad de los residentes. Así, se habían observado usuarios que no estaban vestidos o que estaban en posturas corporales “inadecuadas”.
Sin embargo, ha recalcado que los inspectores en estas visitas no pudieron “visualizar” la “crueldad” del trato grabado en un vídeo por una exempleada, por lo que no consideraron que el caso debía ser llevado al ámbito del derecho penal. “Si no se hubiera dado traslado automático a Fiscalía”, ha señalado.
Oltra, que ha admitido que ya hay familiares que han solicitado el traslado, ha insistido en que se está a la espera de lo que determine la nueva investigación de Inspección para adoptar las medidas correspondientes sobre este centro.
