La llamada “Operación H” no aparece en la documentación académica e institucional consultada como el nombre oficial de una operación estatal, sino como una etiqueta mediática reciente reactivada por Cuarto Milenio para presentar una teoría mucho más antigua: la idea de que la entrada masiva de heroína en España, y en especial en Euskadi, fue tolerada o impulsada para desmovilizar a sectores juveniles conflictivos o politizados. Los estudios historiográficos relevantes hablan, en cambio, de “teoría de la conspiración de la heroína”, de “¿Nos matan con heroína?” o de la campaña de ETA contra la llamada “mafia de la droga”. 

La investigación disponible permite sostener con bastante seguridad tres cosas a la vez. La primera, que la crisis de la heroína fue real, masiva y devastadora en España entre finales de los setenta y los noventa, y que provocó delincuencia asociada, sobredosis, exclusión y, más tarde, una mortalidad brutal ligada también al VIH. La segunda, que sí hubo corrupción, connivencias y uso de confidentes en sectores policiales y en algunos circuitos del narcotráfico, especialmente en el contexto vasco y de la lucha antiterrorista. La tercera, y aquí está el núcleo de la discusión, que no existe hoy una prueba documental sólida de un plan estatal centralizado, diseñado y ejecutado a gran escala, para inundar deliberadamente de heroína a la juventud española o vasca con fines contrainsurgentes. Esa es precisamente la conclusión a la que llegan autores como Juan Carlos Usó y, con más contundencia archivística, Pablo García Varela, frente a interpretaciones militantes como la de Justo Arriola. 

También conviene subrayar un matiz importante frente al relato televisivo que sitúa un gran quiebro en abril de 1980. En la bibliografía académica consultada, ese mes sí marca un punto de politización decisivo en Euskadi —el comunicado de Herri Batasuna del 17 de abril y el atentado de ETA contra el pub El Huerto el 27 de abril—, pero no he localizado una prueba equivalente de un “gran cargamento estatal” fechado en ese momento. Los trabajos de síntesis sitúan el despegue de la crisis entre 1978 y 1980, con difusión amplia ya a finales de 1979. 

Qué es la llamada Operación H

El rótulo “Operación H” se ha popularizado en mayo de 2026 en el entorno de Cuarto Milenio, donde se presenta como “la conspiración sobre la llegada de la heroína a España” y como una hipótesis según la cual esa llegada habría sido planeada para “desmovilizar a los jóvenes”. Ese encuadre es importante, porque sitúa el tema de entrada en el terreno de la conspiración y no en el de una denominación histórica asentada. 

La literatura especializada utiliza otro vocabulario. Pablo García Varela, doctor en Historia Contemporánea y autor de ETA y la conspiración de la heroína, estudia explícitamente la teoría de que el Estado introdujo la heroína para destruir las bases del MLNV, y la califica como una construcción conspirativa muy extendida. Juan Carlos Usó, por su parte, convirtió el tema en un debate nacional con ¿Nos matan con heroína?, un libro dedicado precisamente a desmontar la hipótesis de una “intoxicación farmacológica como arma de Estado” a gran escala. Justo Arriola, en cambio, defiende en A los pies del caballo una lectura de la heroína como fenómeno de narcotráfico y contrainsurgencia en Euskal Herria. En otras palabras: el debate existe, pero el nombre “Operación H” es más bien un envoltorio mediático reciente para una controversia anterior. 

En este punto también conviene situar el famoso fragmento televisivo con Eloy de la Iglesia y Antonio Escohotado que suele circular como si fuese una pieza contemporánea de los años de la epidemia. Lo que he podido verificar es que ese coloquio corresponde a “Versión Española”, emitido el 25 de enero de 2002, alrededor de El Pico; por tanto, vale como memoria retrospectiva y como testimonio de cómo se percibió la irrupción de la heroína, pero no como prueba documental directa de una operación estatal. 

Qué ocurrió con la heroína en España

La heroína no apareció de la nada en 1980. Los estudios históricos del Plan Nacional sobre Drogas y la bibliografía de Juan Carlos Usó sitúan su presencia en España ya a comienzos de los años setenta en círculos minoritarios y elitistas, con difícil acceso y coste alto; la difusión más amplia comenzó durante los estertores del franquismo y la Transición, cuando dejó de ser un consumo casi exclusivo de ambientes acomodados para extenderse progresivamente a jóvenes de estratos más bajos. La propia literatura institucional sobre opioides en España sitúa el inicio de la “crisis de la heroína” entre 1978 y 1980. 

Ese dato importa mucho, porque una de las mejores objeciones a la versión de una “inundación” diseñada desde arriba es que la demanda y el consumo intravenoso ya existían antes de la gran expansión del mercado callejero. Usó insiste en ello con un argumento empírico muy fuerte: la oleada de atracos a farmacias entre 1977 y 1980 para obtener metadona, morfina y otros opioides demuestra que el deseo de consumir estas sustancias —y de hacerlo por vía intravenosa— precedió a la disponibilidad estable de heroína en la calle. Pablo García Varela recoge el mismo patrón y cifra el salto en robos a farmacias desde 5 en 1975 a 529 en 1977 y 1.900 en 1979. 

Los mismos trabajos muestran que el mercado se expandió con rapidez por razones que no exigen una “mano negra” única: escasos controles aduaneros, alta rentabilidad, redes internacionales ya existentes y una periferia urbana española golpeada por crisis económica, precariedad y ausencia de respuesta sociosanitaria suficiente. Varela resume bien ese momento: 1978 fue “un año clave” porque los traficantes entendieron el potencial del mercado español; la heroína entraba por rutas terrestres desde Holanda, por aeropuertos como Barajas, El Prat y Málaga, por pasos fronterizos vascos y catalanes y por puertos del Mediterráneo y el Estrecho, en una combinación de “hormigas”, mafias balcánicas, turcas, italianas y holandesas, y redistribución a pequeña escala por redes locales. Fuentes periodísticas de 1984 describían además un “tráfico artesanal” y muy atomizado, con fuerte presencia de intermediarios iraníes y pakistaníes y con escasez de medios policiales y aduaneros. 

La dimensión social fue enorme, aunque conviene no exagerarla numéricamente. El análisis histórico del Plan Nacional sobre Drogas recuerda que, en el diagnóstico oficial de 1985, se manejaban en España entre 80.000 y 125.000 consumidores habituales de heroína; otras estimaciones institucionales de la órbita del PNSD hablaron en 1987 de unos 230.000 consumidores habituales, siempre en un contexto de datos muy imperfectos. Varela insiste en que aquello representaba una minoría estadística, pero una minoría con un impacto social descomunal porque se concentraba en juventud, periferias urbanas, prisiones y delitos contra la propiedad. La infraestructura pública era muy débil: el propio balance histórico del PNSD recuerda que España pasó en los ochenta de no tener prácticamente recursos específicos a contar solo con una red todavía insuficiente de atención ambulatoria y comunidades terapéuticas. 

Tampoco fue un fenómeno exclusivamente español. El informe clínico del PNSD sobre heroína sitúa la “epidemia” española en el mismo marco que el resto de Europa occidental, aunque con cierto retraso respecto a Estados Unidos, y Usó recuerda que crisis comparables se vivieron también en Francia, Alemania, Italia, Suiza, Holanda y otros países. Ese paralelo internacional no demuestra por sí solo que en España no pudiera haber existido algún uso político local del narcotráfico, pero sí debilita mucho la tesis de una explicación enteramente española y enteramente planificada desde arriba. 

Cómo se construyó la teoría conspirativa

La teoría no nació de la nada ni de la televisión contemporánea. Ya en 1978 circulaban lecturas contraculturales y políticas que interpretaban la heroína como una forma de control social. La búsqueda remite a textos de Eduardo Haro Ibars en Ozono y a artículos como “La contra-revolución del ‘caballo’” en El Viejo Topo en 1981, señales claras de que la idea de la droga como arma política estaba viva en ambientes de izquierda radical y contraculturales antes de consolidarse en el relato vasco. 

El gran punto de cristalización fue Euskadi. Según la investigación de Pablo García Varela y otros trabajos académicos, la campaña del MLNV contra la “mafia de la droga” comenzó con la publicación, el 17 de abril de 1980, de la “Denuncia de Herri Batasuna al pueblo vasco” en Egin. Esa intervención afirmaba que el Estado estaba utilizando la heroína para corroer a la juventud vasca, inhibir su actividad política y crear un clima de inseguridad que justificara más control y represión. Diez días después, el 27 de abril de 1980, ETA voló el pub El Huerto de San Sebastián y abrió oficialmente su “guerra” contra la presunta mafia de la droga. 

Ese matiz es decisivo para interpretar el famoso “abril de 1980” del relato televisivo. Los estudios disponibles permiten afirmar que abril de 1980 sí fue un hito político y discursivo, porque es el momento en que Herri Batasuna y luego ETA convierten la heroína en un eje de denuncia, propaganda y acción armada. Pero esos mismos estudios sitúan la expansión del consumo y del mercado entre 1978 y 1980, y señalan que a finales de 1979 el consumo ya se había extendido ampliamente. Dicho de otro modo: abril de 1980 parece marcar, sobre todo, el momento en que la heroína se politiza a gran escala en Euskadi, no necesariamente el instante en que “empieza todo” ni, menos aún, la fecha comprobada de una operación estatal puntual. 

ETA hizo de esa tesis una herramienta central de legitimación. La organización llegó a presentar la droga como una “arma complementaria” de la represión y justificó con ese argumento atentados y asesinatos. La investigación más sólida disponible calcula que, entre 1980 y 1994, ETA asesinó 43 personas bajo acusaciones relacionadas con droga y colaboración con las fuerzas de seguridad; muchas de esas acusaciones fueron falsas, endebles o jamás probadas. El País ya hablaba en 1994 de una “cruzada” en la que la banda explotó una lacra social para ganar simpatías y banderín de enganche. 

El caso vasco, el informe Navajas y la corrupción real

Que la teoría conspirativa no esté demostrada no significa que el caso vasco sea una fantasía simple. Euskadi fue uno de los territorios más golpeados por la heroína y por la combinación posterior de heroína y VIH. EITB resumía el fenómeno hablando de cerca de 10.000 heroinómanos en Euskadi a principios de los años ochenta, y Daniel Zulaika recordaba que en Gipuzkoa empezaron a verse en 1979 los primeros pacientes con sobredosis, hepatitis o infecciones graves, mientras que los primeros casos de sida comenzaron a detectarse allí a finales de 1984. Su balance del impacto fue tajante: aquello fue un “desastre social”, con daños sanitarios, sociales y de seguridad. 

La propia historiografía crítica de Varela acepta que el País Vasco presentaba condiciones específicas que agravaron el problema: estructura de cuadrillas, alta cultura de consumo de alcohol, peso de la desindustrialización, juventud abundante, prisiones saturadas, desorganización comunitaria, zona fronteriza y, además, una circunstancia singular en Europa occidental: el terrorismo de ETA, que dificultaba el trabajo ordinario de vigilancia policial y alimentaba una corrupción asociada a la guerra sucia y al uso de confidentes. Varela resume esa combinación como una suma de factores sociales, políticos y policiales mucho más compleja que la idea de un simple “plan maestro”. 

El gran nudo documental aquí es el llamado “informe Navajas”. Lo que sí puede afirmarse con respaldo periodístico sólido es que, en 1989, el fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, remitió a la Fiscalía General un escrito sobre presunta corrupción de mandos y agentes de la 513 Comandancia de la Guardia Civil en Intxaurrondo y sus posibles relaciones con redes de contrabando y narcotráfico. El País publicó en 1995 que la Guardia Civil habría saboteado la investigación mediante la llamada Operación Arca de Noé, con el objetivo de desacreditar fuentes, omitir líneas de investigación y proteger a objetivos sensibles; el mismo diario sostuvo después que el informe original nunca fue realmente investigado por los jueces y que el juez recibió, en esencia, un contrainforme exculpatorio elaborado por la propia Guardia Civil. 

Ese material no prueba por sí solo una “Operación H” estatal en el sentido fuerte del programa televisivo. Lo que sí prueba, o al menos vuelve altamente verosímil, es que existieron sospechas serias de corrupción y encubrimiento en torno a Intxaurrondo y el narcotráfico. Pablo García Varela introduce aquí un matiz muy importante: incluso dando por buenas ciertas implicaciones de agentes o mandos, sus objetivos plausibles habrían sido sobre todo lucrarse y captar confidentes útiles para la lucha antiterrorista, no ejecutar un diseño total y centralizado para zombificar a toda una generación. Juan Carlos Usó coincide en que hubo tramas policiales implicadas en tráfico de heroína, pero añade que nadie ha demostrado que obedecieran a un plan gubernamental general y coordinado. 

Aquí está, probablemente, la clave interpretativa más seria de toda la cuestión: hubo base material suficiente para que la sospecha prendiera. Existía una epidemia real, existían confidentes, existían casos de corrupción policial, existía guerra sucia, existía propaganda cruzada, y además el daño social fue tan brutal que mucha gente necesitó una explicación que superara la mera lógica de mercado. Pero de ahí a concluir que hubo una operación unitaria y planificada desde “las altas esferas” hay un salto que los documentos hoy conocidos no permiten dar con rigor. 

Madrid y el resto de España

El relato televisivo acierta en una cosa: Madrid fue uno de los grandes epicentros del drama. Ya en 1984 una tribuna en El País situaba los núcleos básicos del problema en Barcelona, Madrid y País Vasco, y los reportajes de la época describían un mercado negro de enormes dimensiones y una respuesta básicamente represiva, mal coordinada y con recursos insuficientes. La investigación histórica posterior subraya que el problema no fue exclusivo de Euskadi: para Varela, comunidades como Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia o Asturias vivieron situaciones iguales o peores en diversos indicadores, lo que obliga a leer el fenómeno en escala estatal y no solo vasca. 

En Madrid, además, el recuerdo de la heroína ha quedado muy ligado a las periferias obreras y a las respuestas vecinales. La historia de Madres contra la Droga, nacida en los años ochenta en Entrevías, muestra hasta qué punto la percepción social del problema combinaba dolor familiar, denuncia de la negligencia institucional y acusaciones de connivencia con los narcotraficantes. En barrios como San Blas, documentos municipales y archivos de memoria local siguen recordando que la historia del distrito quedó profundamente marcada por la heroína de los ochenta. 

Pero precisamente el caso madrileño también sirve para relativizar la tesis de una operación específicamente diseñada para desactivar a la juventud abertzale. La heroína devastó barrios madrileños sin relación con el conflicto vasco, y lo hizo en un contexto que tenía mucho que ver con marginalidad, paro juvenil, ausencia de servicios, saturación penitenciaria y expansión de economías ilegales. El propio balance histórico del PNSD recuerda que la marginalidad en la España de los ochenta estaba agravada por la crisis económica y por el paro, particularmente el juvenil, y que hacía falta construir casi desde cero una red de tratamiento. Ese cuadro social encaja mejor con una crisis multicausal que con una explicación monocausal y conspirativa. 

Por eso, cuando el relato contemporáneo insiste en que Madrid confirma la “Operación H”, conviene girar la frase: Madrid confirma ante todo que la epidemia fue española, no solamente vasca. Lo que puede probarse con seguridad es que la heroína penetró en cinturones urbanos muy vulnerables y que en ellos generó miedo, muerte, delito y estigma. Lo que no puede probarse con la misma seguridad es que esa penetración respondiera a una sola operación diseñada desde un centro político. 

Conclusión historiográfica

La discusión sobre la “Operación H” se entiende mejor si se separan tres niveles que a menudo se mezclan. En el primer nivel está la verdad histórica indiscutible: España vivió una crisis de heroína gravísima desde finales de los setenta, con enorme daño social, sanitario y penal, y esa crisis estuvo entre los motivos que llevaron a crear el Plan Nacional sobre Drogas en 1985. En el segundo nivel están los hechos oscuros pero plausibles o parcialmente documentados: corrupción policial, mercado de confidentes, investigaciones saboteadas, tolerancia local, incapacidad del Estado y uso político del fenómeno por distintos actores. En el tercer nivel está la tesis fuerte de una gran operación estatal coordinada para desmovilizar a la juventud. Ese tercer nivel, a día de hoy, no está demostrado. 

La posición más consistente en la historiografía reciente es la de Pablo García Varela: la teoría de la conspiración tuvo enorme fuerza social y política, sobre todo en Euskadi, pero descansa sobre una mezcla de trauma colectivo, propaganda de ETA/HB, ausencia de historia social rigurosa durante años y confusión entre corrupción real y plan centralizado. Juan Carlos Usó llega a un punto parecido desde otra tradición intelectual: admite que puede haber habido agentes concretos implicados en la distribución o en el mercado negro, pero rechaza que eso baste para probar una ingeniería estatal a gran escala. En el extremo contrario, Justo Arriola y parte del campo memorial vasco mantienen que la suma de indicios, testimonios y silencios judiciales apunta a una operación de contrainsurgencia. 

Mi conclusión, con el estado actual de la documentación consultada, es nítida. “Operación H” es un nombre mediático reciente para una hipótesis antigua. La epidemia fue real. La corrupción y los comportamientos ilícitos dentro de sectores del Estado también forman parte del problema real. Pero no he encontrado base documental suficiente para afirmar que existiera una operación estatal unitaria, fechable en abril de 1980, destinada a inundar España de heroína para anular políticamente a la juventud. La explicación más sólida sigue siendo una combinación de mercado transnacional, demanda previa, desprotección social, debilidad institucional, corrupción localizada y explotación política posterior del trauma.