El exdiputado de CiU en el Parlament de Cataluña, Oriol Pujol, se ha negado este lunes a declarar ante la juez que lo había citado como imputado en un caso derivado de la trama de las ITV. El exsecretario general de CDC, uno de los seis hijos del expresidente Jordi Pujol objeto de una investigación, está imputado por presuntos delitos de cohecho y falsedad documental, al haber utilizado supuestamente su influencia política en varias operaciones empresariales, entre ellas varias deslocalizaciones de empresas.
El exdiputado ha justificado su decisión por “consejo” de su abogado, según fuentes judiciales recogidas por la agencia de noticia EP, y ha alegado que ya había declarado dos veces como imputado por el caso ITV ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), cuando aún tenía condición de aforado.
También su mujer, Anna Vidal, y el empresario y amigo del político, Sergi Alsina, imputados en la investigación se han acogido a su derecho a no declarar, alegando los mismos motivos que Oriol Pujol.
Ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre si él y su esposa son inocentes, el único hijo del expresidente de la Generalitat que se dedicó a la política ha añadido un lacónico “claro que lo somos”, mientras se disponía a subirse a la moto que lo ha llevado a los juzgados.
La juez cree que el exdiputado convergente cobró entre los años 2008 y 2012 un total de 499.060 euros a través de las facturas que su esposa, Anna Vidal, facturó a la empresa de Alsina por trabajos de asesoramiento que la magistrada considera eran ficticios y que servían para enmascarar los pagos ilegales.
El fiscal cree que utilizó “sus múltiples influencias”
El fiscal, Fernando Maldonado, sostiene que Alsina contrató a la mujer de Pujol para trabajos de asesoramiento en operaciones empresariales entre 2010 y 2012, pero que en realidad quien cobraba era Pujol por su “inestimable” colaboración y uso de su posición.
Según la tesis del fiscal, Oriol Pujol presuntamente “facilitó el acceso” al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a altos cargos de la consejería del ramo, entre otros.
El fiscal cree que los servicios que realmente pagaba Alsina eran presuntamente los que prestaba Oriol Pujol, “quien utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio propio y de los otros dos imputados”.
El importe total de las facturas giradas y cobradas por Vidal por los servicios aparentemente contratados y no prestados en los años 2008, y de 2010 a 2012 fue de 499.060 euros, según la Fiscalía.
VLCNoticias|Redacción
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