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**Familia de menor fallecida tras caer de un balcón en Requena demanda a Sanidad por 186.000 euros**
Los padres de Isabel, la joven de 16 años enferma de anorexia que perdió la vida tras caer desde el balcón de su hogar en Requena, han presentado una demanda contra la Conselleria de Sanidad. Exigen una compensación de 186.000 euros por responsabilidad civil, argumentando “inacción” al no aplicar un protocolo adecuado para tratar la enfermedad de su hija. La cifra representa la suma de las indemnizaciones que, según su abogado, corresponden a cada uno de los padres y al hermano de Isabel.
Tres años después de la tragedia, Mª Dolores Hernández y Rafael Martínez han optado por la vía civil, luego de que se archivara la querella contra la psiquiatra y la psicóloga que trataban a Isabel en la Unidad de Salud Mental de Requena. Se quejan de no haber recibido información sobre una investigación externa realizada. La acción legal se presentó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia, después de que la Conselleria permaneciera en silencio y no actuara. Los padres afirman que las terapeutas no siguieron los protocolos vigentes, lo que llevó al trágico desenlace y privó a Isabel de mejorar su salud mental.
Para respaldar su demanda, los padres han presentado informes de dos peritos externos, que coinciden en que Isabel no recibió la atención adecuada. Una de las peritas, tras revisar el historial clínico, concluyó que, si se hubiera evaluado correctamente la gravedad del caso y se hubieran tomado medidas protectoras, se habría evitado el fatal desenlace.
Además, el informe destaca que la gravedad de la situación de Isabel no fue considerada siquiera en su última consulta, donde se necesitaba con urgencia su ingreso en un servicio de psiquiatría. En su lugar, fue puesta en lista de espera para ingresar en la Unidad de Tratamientos de la Conducta Alimentaria (UTCA) de La Fe, sin medidas preventivas contra el suicidio, a pesar de que Isabel expresó pensamientos suicidas a su terapeuta.
Otro peritaje indica que Isabel tomaba medicamentos que podrían haber incrementado conductas suicidas, elevando así su riesgo. Tras una investigación interna por parte de Conselleria, se reconoció que, aunque la atención prestada seguía una buena praxis clínica, no se adoptaron todas las medidas necesarias después de su última consulta el 25 de mayo de 2022.
Rafael Martínez, padre de Isabel, enfatiza que su hija cumplía con los requisitos para activar el Protocolo Antisuicidio de la Comunitat Valenciana, cuestionando su utilidad si no se aplica y no se responsabiliza a nadie por ello. Martínez aclara que no culpa a las profesionales por la decisión de su hija, sino por no cumplir su labor adecuadamente.
“Lo que buscamos no es dinero, queremos que aquellos que actúan con negligencia sean apartados para no perjudicar a los buenos profesionales y para prevenir futuros casos similares”, afirman los padres. Se sienten “maltratados y desamparados por el sistema”, lamentando que todos los contribuyentes deba sufragar una indemnización derivada de la negligencia. Critican además el “corporativismo de los superiores” que, dicen, obstaculiza el buen funcionamiento administrativo.
Rafael y Dolores han dedicado estos tres años a mejorar la situación de la Salud Mental, especialmente para adolescentes, instando a las administraciones a proporcionar más recursos en hospitales y centros de salud, más formación para los profesionales y mejores herramientas para las familias de los afectados.