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Los padres de la menor que falleció al caer desde su balcón en Requena exigen 186.000 euros a Sanidad
Los padres de Isabel, una joven de 16 años que padecía anorexia y que murió tras caer del balcón de su hogar en Requena, reclaman a la Conselleria de Sanidad una indemnización de 186.000 euros por lo que consideran “inacción” al no implementar un protocolo adecuado para tratar la enfermedad de su hija. Esta cifra corresponde a las indemnizaciones calculadas para cada progenitor y el hermano de Isabel, según el abogado que representa a la familia.
Mª Dolores Hernández y Rafael Martínez han decidido recurrir a la vía civil tres años después de los acontecimientos, luego de que se archivara la querella contra la psiquiatra y la psicóloga que trataban a Isabel en la Unidad de Salud Mental de Requena, así como una investigación externa de la que no han recibido información. Este recurso ha sido presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia, a causa del silencio administrativo de Sanidad y la falta de respuesta de la Conselleria. Los padres argumentan que las profesionales que atendían a su hija no aplicaron los protocolos necesarios, privando a Isabel de la oportunidad de mejorar su condición.
Para respaldar sus alegaciones, presentan informes de dos peritos externos que corroboran que la atención brindada a Isabel no se ajustó a las necesidades de su estado mental. Uno de estos informes concluye que, si la gravedad de la situación hubiera sido tenida en cuenta y se hubieran tomado medidas de protección y cuidado, se podría haber evitado el trágico desenlace.
Según el análisis de este perito, la gravedad de la situación no se tuvo en cuenta, ni siquiera durante la última consulta con la paciente, a pesar de que el estado de Isabel requería claramente su ingreso en un servicio de psiquiatría. En lugar de eso, fue puesta en lista de espera para su ingreso en la Unidad de Tratamientos de la Conducta Alimentaria (UTCA) de La Fe, sin sugerencias para prevenir el suicidio, a pesar de haber manifestado sus pensamientos suicidas a la terapeuta.
Otro informe señala que Isabel estaba siendo tratada con medicamentos que podían incrementar las conductas suicidas, aumentando su riesgo de suicidio. La única comunicación recibida de la Conselleria tras una investigación interna indicó que, aunque la atención brindada se ajustó a los estándares de buena práctica clínica, no se tomaron todas las medidas necesarias después de su última exploración el 25 de mayo de 2022.
Rafael Martínez, padre de Isabel, insiste en que su hija cumplía todos los requisitos para activar el Protocolo antisuicidio de la Comunitat Valenciana y se pregunta sobre su utilidad si no se aplican, además de que no se piden responsabilidades por no hacerlo. Aunque no culpa a las profesionales por la decisión de su hija, sí les responsabiliza de no cumplir con sus obligaciones y ser negligentes, al ignorar las súplicas de ayuda de Isabel.
La familia reafirma que no busca compensación económica, sino que se sancione al personal negligente para que no afecte a otros profesionales competentes y que situaciones así no se repitan. Expresan sentirse maltratados y abandonados por el sistema, y lamentan tener que exigir una indemnización, afirmando que esto se debe al corporativismo que perciben entre los superiores de las profesionales. Abogan por más empatía y humanidad de los profesionales de Salud Mental, así como mayor control y formación de las administraciones.
Rafael y Dolores han pasado tres años luchando por mejoras en el ámbito de la Salud Mental, especialmente para adolescentes, solicitando más recursos en hospitales y centros de salud, así como mayor preparación para los profesionales e información para las familias afectadas.
