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Planas visita València en medio de la crisis citrícola por una campaña “desastrosa” con pérdidas de más de 130 millones

fotonoticia_20190113192648_800VALÈNCIA, El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita València este lunes 14 de enero para reunirse con el president de la Generalitat, Ximo Puig, y los representantes de las organizaciones agrarias. Este encuentro llega en un momento de crisis para el sector citrícola debido a una campaña “desastrosa” para los agricultores valencianos que, hasta diciembre, les había ocasionado unas pérdidas de al menos 130 millones de euros, según un estudio de la Unió de Llauradors.

Las protestas de los agricultores han tenido repercusión en la Comunitat Valenciana desde hace unas semanas. De hecho, en diciembre, unos 2.000 citricultores protestaron frente a la Conselleria de Agricultura para exigir la puesta en marcha de medidas urgentes que contribuyan a paliar “la dura crisis de precios que está arruinando al sector”.

Además, recientemente, en varias localidades de la provincia de Castellón, se han llevado a cabo protestas contra supermercados que vendían fruta de la variedad Valencia-Late, pero que en realidad procedía de Sudáfrica.

Desde las asociaciones, se espera que Planas anuncie medidas más allá de las que presentó en diciembre, cuando el Ministerio abrió un cupo para transformar en zumo naranjas, mandarinas, clementinas y satsumas retiradas del mercado, que abarcaría hasta 50.000 toneladas de cítricos, y que podría suponer hasta 12,5 millones de euros.

Ya entonces, desde AVA-ASAJA –una de las principales asociaciones agrícolas valencianas– consideraron que la gravedad de la crisis citrícola “obliga a seguir negociando la adopción de nuevas medidas”, en palabras de su director, Jenaro Aviñó.

Mientras, desde la Unió de Llauradors, esperan que la reunión de este lunes sirva para que el ministro “recoja dos o tres propuestas concretas para defenderlas en Bruselas”. En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la formación, Carles Peris, ha apostado por dos cuestiones: el tratamiento en frío y las materias activas, dos procesos que los productores españoles han de seguir, pero que no se reclaman a la fruta importada desde países con Sudáfrica.

EL ACUERDO CON SUDÁFRICA

Precisamente es el acuerdo con este país –que lleva en vigor desde 2016– la razón que apuntan como raíz del problema desde las asociaciones agrícolas. Entre los principales problemas es que estas importaciones a países como Portugal, Reino Unido u Holanda pasan controles fitosanitarios más laxos que los que se requieren a las naranjas españolas.

Peris ha indicado que espera de Planas un compromiso para defender en Europa que la fruta importada desde terceros países (Sudáfrica es uno de los que más volumen de producción tiene, pero también se importa de Egipto o Marruecos) tenga que pasar los mismos controles sanitarios que la española.

El hecho de no hacerlo, en su opinión, es “peligroso”, porque “el único seguro contra las plagas es el tratamiento en frío de la fruta”, ha explicado, al tiempo que ha destacado que ya hay cuatro plagas con origen sudafricano que han afectado a la producción española.

“No entendería que fuera una visita estéril”, ha manifestado el secretario general de la organización agraria. Asimismo, ha reclamado la concesión de ayudas directas al sector, ya que no ha conseguido vender la producción este año: “Tendría que ser como cuando ocurrió el veto ruso, los labradores no han podido vender su producción por esta competencia”, ha aseverado Peris, quien también ha destacado que este asunto está “más que estudiado”.

Según el mismo estudio de la Unió, las pérdidas de hasta 130 millones ocasionadas a los agricultores hasta diciembre vendrían ocasionadas, en un 65% –lo que supondría unos 85 millones– por la importación de naranjas y mandarinas de terceros países.

Bajo este prisma, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, reclamó en diciembre “la renegociación de los acuerdos comerciales con terceros países que compiten de manera ventajista y desleal con nuestras naranjas”. La estimación de esta organización eleva las pérdidas hasta los 163 millones de euros.

CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

Esta situación, según Peris, bastaría para que el Gobierno reclamara las ayudas directas por pérdidas para los agricultores que establece la Política Agraria Común (PAC), al tiempo que también sería motivo para activar la cláusula de salvaguardia del acuerdo UE-Sudáfrica, aunque este procedimiento sería más costoso, ya que dependería de que el Ministerio realizase un informe al respecto.

Esta cláusula, que ya han pedido ocho países europeos –entre ellos España e Italia– para la situación del arroz y las exportaciones desde Camboya y Birmania, supondría una medida, “un tanto proteccionista, pero es el único mecanismo de protección de la fruta española que contempla el acuerdo”, ha manifestado Peris.

De hecho, a principios de este mes, representantes de Compromís y de las organizaciones agrarias AVA y La Unió de Llauradors reclamaron al Gobierno central que pida la activación de la cláusula de salvaguarda como medida de protección ante la importación de naranjas sudafricanas, así como que la oficina de la Generalitat en Bruselas tenga “una estructura seria de lobby agrícola” y presione en defensa de los intereses valencianos.

Este lobby fue una de las propuestas de la Generalitat al sector, junto a una ampliación de las misiones comerciales para abrir nuevos mercados para la naranja. También se prevé desplegar una campaña de promoción del consumo de cítricos a nivel nacional e internacional.

Asimismo, en esta reunión se anunció la elaboración de un Plan Estratégico, en el que se deberá prever y diseñar el mapa de variedades que conviene a la Comunitat, los objetivos en cuanto a producción, los mercados a los que debe exportarse esa producción, las estructuras productiva, comercial e industrial aconsejable y el papel de los diferentes actores.

No solo desde los partidos que apoyan al Consell se han realizado propuestas para paliar esta situación. También la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se comprometió en una reunión con el Comité de Gestión de Cítricos a elaborar un “ambicioso plan consensuado con el sector para una restructuración citrícola que permita a los agricultores tomar sus propias decisiones con conocimiento de qué variedades y sistemas de cultivo ofrecen más garantías de éxito”.

 
 

 

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