La negociación parlamentaria vuelve a poner el foco sobre la situación del empleo público temporal en España. Podemos ha anunciado que condicionará su apoyo al decreto ley sobre la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas a que el Gobierno impulse una medida para convertir en personal fijo a los trabajadores interinos que, según la formación, se encuentran en situación de abuso de temporalidad.
La votación del decreto está prevista para el 23 de julio en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo necesita reunir los apoyos suficientes para sacar adelante la norma.
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La condición de Podemos
La formación morada ha trasladado al Gobierno que respaldará el decreto únicamente si se incorpora una solución para los empleados públicos interinos afectados por largos periodos de temporalidad.
Podemos sostiene que existen cerca de un millón de trabajadores temporales en las administraciones públicas cuya situación debe regularizarse mediante un proceso extraordinario que les permita adquirir la condición de personal fijo.
Según el partido, esta medida serviría para cumplir con las exigencias derivadas de la normativa europea sobre el abuso de la contratación temporal en el sector público.
Qué regula el decreto
El decreto ley que se debatirá en el Congreso incluye diversas medidas relacionadas con las condiciones laborales del personal de las administraciones públicas.
Entre las principales novedades figura la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones, una modalidad que permite reducir la jornada laboral antes de la jubilación definitiva mientras se compatibiliza parcialmente con la pensión y, en determinados casos, con la incorporación de un trabajador relevista.
La norma también contempla modificaciones relacionadas con el complemento de insularidad para determinados empleados públicos en Baleares.
El debate sobre los interinos continúa abierto
La situación de los empleados públicos temporales lleva años generando controversia política y judicial.
Miles de trabajadores acumulan largos periodos ocupando plazas estructurales mediante nombramientos temporales, una circunstancia que ha dado lugar a numerosas reclamaciones y procedimientos judiciales tanto en España como ante las instituciones europeas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado en distintas ocasiones que los Estados deben establecer medidas efectivas para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad en el empleo público, aunque también ha señalado que corresponde a cada país determinar qué mecanismos resultan adecuados dentro de su ordenamiento jurídico.
Una negociación con impacto parlamentario
El anuncio de Podemos añade presión a las negociaciones entre el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios de cara a la convalidación del decreto.
Al tratarse de un decreto ley, la norma necesita ser convalidada por mayoría simple en el Congreso para mantenerse en vigor. Por ello, el Ejecutivo continúa buscando apoyos entre los partidos que integran la mayoría de investidura.
La posición definitiva de cada formación será clave para determinar si el texto sale adelante en la votación prevista para la próxima semana.
Los sindicatos también reclaman soluciones
La temporalidad en las administraciones públicas ha sido objeto de reivindicación por parte de distintas organizaciones sindicales, que reclaman reducir el número de trabajadores con contratos o nombramientos temporales prolongados.
En los últimos años se han desarrollado procesos extraordinarios de estabilización del empleo público, aunque numerosos colectivos consideran que estas medidas no han resuelto completamente el problema y continúan reclamando nuevas soluciones para quienes permanecen en situación de interinidad.
Un asunto que sigue generando debate
La propuesta de convertir en fijos a los interinos divide a partidos políticos, administraciones y expertos en derecho laboral y administrativo.
Mientras algunos defienden que es la única forma de reparar el abuso de la temporalidad sufrido durante años, otros sostienen que cualquier proceso debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
La votación del próximo 23 de julio permitirá comprobar si el Gobierno logra los apoyos necesarios para sacar adelante el decreto o si deberá introducir cambios durante la negociación parlamentaria.
