La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (FAAVV) ha manifestado su oposición frente al cambio normativo que busca implementar el Ayuntamiento de Valencia, con el cual se legalizarían más de 4.000 apartamentos turísticos actualmente en uso. La presidenta de la FAAVV, María José Broseta, insistió en que las viviendas de uso turístico y las residenciales son incompatibles y alertó sobre el riesgo de institucionalizar este problema creciente.
Según la Federación, hasta ahora, la actividad de los apartamentos turísticos no es compatible con las viviendas residenciales, recordando que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia exige que estas actividades se ubique por debajo de las viviendas residenciales. Varios fallos judiciales han ratificado que los apartamentos turísticos son una actividad terciaria hotelera.
No obstante, la modificación del PGOU que se encuentra en trámite elimina esta barrera entre viviendas turísticas y residenciales, lo que implicaría la legalización de un número significativo de viviendas que, según la FAAVV, deberían retornar a su uso original. Advierten que el cambio propuesto por el Ayuntamiento perjudica el acceso a la vivienda y renuncia a corregir esta situación, tal como lo demanda el movimiento vecinal.
La Federación acusa al Ayuntamiento de Valencia de redefinir la categoría de ‘Terciario Hotelero’ en lugar de combatir el alojamiento turístico ilegal, lo que, de hecho, legitima miles de viviendas. Broseta sostiene que estas viviendas representan una posibilidad de alivio para el mercado de alquiler a largo plazo, incrementando de manera significativa la oferta actual en plataformas como Idealista.
La dirigente de la FAAVV subrayó que, aún con la presentación de estas alegaciones, podrían ser necesarias movilizaciones para salvaguardar la convivencia y el acceso a viviendas. Contrastó la situación con Barcelona, donde las licencias de viviendas turísticas caducarán en noviembre de 2028, mientras que en Valencia se busca legalizarlas. Finalmente, la líder vecinal exigió al Ayuntamiento no solo regulación a futuro, sino devolver la tranquilidad a los barrios limitando la capacidad de alojamiento turístico sin comprometer el acceso a viviendas residenciales.
