El Partido Popular (PP) y Vox han salido en defensa de la Ley de Concordia de Valencia, después de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha conllevado la suspensión de varios artículos de la norma. Ambas formaciones, responsables de la aprobación de la ley hace casi un año, argumentan que esta legislación “amplía libertades”, protege a “todas las víctimas” y no discrimina entre ellas, además de no invadir competencias estatales.
Desde el Partido Popular, Juanfran Pérez Llorca se ha mostrado “atento” a la decisión que el Tribunal Constitucional tomará al respecto, afirmando que tiene mucho respeto por las resoluciones judiciales y que se abstiene de emitir juicios o críticas sobre ellas, lo que, según él, diferencia a su partido de otras fuerzas políticas. Señaló que mientras otros partidos como Compromís o el PSOE critican decisiones judiciales cuando no les son favorables, el PP prefiere respetar dichas decisiones.
Pérez Llorca defendió que cuando el PP y Vox aprobaron la Ley de Concordia en Les Corts, lo hicieron convencidos de que respetaba la autonomía de la Comunidad Valenciana y no invadía competencias estatales, además de ofrecer una protección a todas las víctimas desde el franquismo hasta la actualidad, incluyendo a las víctimas del terrorismo. En referencia a las enmiendas presupuestarias relacionadas con la ley, indicó que esperarán lo que dispongan los juristas y la Abogacía de la Generalitat, asegurando que el PP siempre cumplirá con la ley.
Por su parte, José María Llanos de Vox destacó que la ley busca ampliar las libertades y promueve la concordia entre todos los valencianos, sin discriminaciones ideológicas. También expresó su esperanza de que el Tribunal Constitucional evalúe positivamente la norma. Llanos criticó que el recurso al TC es una maniobra política del presidente Sánchez para perpetuarse en el poder, acusándolo de utilizar las instituciones según sus intereses personales, a menudo con la complicidad del PP.
Finalmente, Joan Baldoví de Compromís calificó la ley como una “chapuza legislativa” y una medida “revanchista” inspirada por la extrema derecha, denunciando que equipara el franquismo con el periodo democrático de la República, lo que considera una afrenta a la defensa de las víctimas. Se comprometió a restaurar los derechos que cree que esta ley vulnera tan pronto como un gobierno progresista vuelva a la Generalitat.
