La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, declaró ante la jueza de Catarroja que, en su cargo “institucional”, no contaba con asesores en emergencias, y que la coordinación debía estar a cargo de los expertos. Pradas subrayó que habría sido “muy irresponsable” no seguir las indicaciones técnicas, lo que podría haber resultado en una “temeridad” o incluso un delito de prevaricación. La declaración, en la que la exconsellera, investigada por su gestión durante la Dana, respondió solo a preguntas de su abogado, indica que ella no dirigía nada y no poseía experiencia en emergencias. Criticó la supuesta falta de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar y negó demoras en el envío de alertas a la población por esperar al ‘president’, Carlos Mazón.
Pradas explicó que los planes de emergencia están diseñados para ser automáticos, eximiendo la necesidad de decisiones individuales, dado que carecía de formación técnica como licenciada en derecho. En su equipo no había asesores especializados, sólo una jefa de gabinete, un jefe de prensa y otros asesores en ámbitos generales. El comité asesor del Cecopi, compuesto por expertos, fue quien gestionó la situación, mientras que tanto ella como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, actuaron como representantes institucionales.
Destacó que el plan de inundaciones contempla la creación de un comité de dirección bajo el nivel 2 que asegura una respuesta coordinada y eficiente entre las administraciones involucradas. Pradas afirmó estar comprometida desde el inicio, trabajando arduamente con su equipo, guiándose por las recomendaciones del Cecopi. Señaló que se actuó conforme la información llegaba y que el evento incluía múltiples factores concurringentes.
Pradas también aportó una imagen del Cecopi para mostrar que no había pantallas de televisión. En la instalación solo había una pantalla conectada por Webex para comunicarse, y otras áreas estaban equipadas de manera básica.
En relación al manejo del evento, delegó la supervisión a su jefa de gabinete, quien junto al secretario autonómico y director general de emergencias, siguieron la situación. La exconsellera se quejó de no haber sido llamada a una reunión crítica de coordinación. Sobre el río Magro, relató que la alerta fue lanzada a las 12:20, pero la respuesta fue retardada debido a la información inconsistente del caudal provista por la CHJ. Inicialmente, no se activó la UME, pero a las dos de la tarde, al confirmarse el desbordamiento del Magro, esta fue solicitada, aunque su despliegue tomó tres horas.
Pradas aclaró que nadie le comunicó el riesgo del Barranco del Poyo a tiempo, destacando que la información de la CHJ llegó tarde. Defendió que el sistema de aviso ES-Alert estaba en fase experimental y no se demoró por la presencia de Carlos Mazón. Respecto al colapso del 112, indicó que, aunque el servicio fue reforzado, hubo llamadas no atendidas debido a problemas desconocidos, ya que ese centro opera separado del Cecopi.
Finalmente, Pradas opinó que debía haberse declarado la emergencia nacional en ese momento, reiterando su compromiso desde el primer minuto en su papel institucional.
