La exconsellera se niega a valorar la actuación de Mazón y Cuenca, pero asegura que ha aportado mensajes, documentos y audios al juzgado

Salomé Pradas ha comparecido por segunda vez ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

La exconsellera de Justicia e Interior comenzó su intervención anunciando que no respondería a las preguntas por recomendación de su equipo jurídico y debido a su condición de investigada. Sin embargo, terminó contestando a varias cuestiones formuladas por los diputados.

Pradas evitó valorar el mensaje en el que José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Carlos Mazón, le indicó: “Salo, de confinar, nada”.

“Si hago valoraciones personales sobre lo que hicieron o dijeron algunos y algunas aquel día, no tenemos tiempo en toda la tarde”, respondió.

La exconsellera afirmó que no está protegiendo a ningún responsable y que su intención es que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido.

“No quiero tapar a nadie. Quiero que se sepa la verdad de absolutamente todo por las víctimas”, manifestó durante la comparecencia.

Pradas aseguró que ha colaborado con la investigación judicial entregando documentos, mensajes de WhatsApp y audios. Entre ellos mencionó una grabación enviada a Cuenca en la que detallaba las medidas adoptadas y cuyo envío habría coincidido con el primer ES-Alert de las 20:11 horas.

“Eso lo tendrá que responder el expresidente”

Preguntada por la actuación de Carlos Mazón y por qué abandonó la gestión de la emergencia mientras ella permanecía trabajando, Pradas evitó responder y señaló que debe explicarlo el propio expresident.

También sostuvo que las decisiones se adoptaban dentro del Cecopi, sin concretar quién fue responsable de cada una, y volvió a criticar la información trasladada por organismos estatales como Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Pradas continúa investigada junto al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Su defensa ha solicitado el archivo de la causa al considerar que no tuvo responsabilidad penal directa en la gestión de la catástrofe, que dejó oficialmente 233 víctimas mortales.