El juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha concedido otra prórroga para investigar el robo a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), a pesar de que, después de seis años, no se han registrado avances significativos. Este caso, que involucra uno de los fraudes más importantes en la historia de España y el mayor robo sufrido por una empresa pública, se remonta a septiembre de 2019 en Valencia.
Durante el periodo comprendido entre el 3 y el 23 de septiembre de 2019, Celia Zafra, entonces directora de administración de la EMT de Valencia, autorizó transferencias por 4,2 millones de euros a dos cuentas del Bank of China en Hong Kong. La acción fue motivada por correos electrónicos y llamadas de un supuesto abogado de Deloitte, quien afirmó que Giuseppe Grezzi, en ese momento presidente de la EMT, había autorizado la compra de una empresa en China. Zafra, sin cuestionar el lenguaje de los mensajes, entregó firmas y DNI de los apoderados al presunto abogado, quien devolvió las órdenes de transferencia firmadas. Estas se ejecutaron a través de Caixabank en más de una decena de transferencias, que resultaron en la desaparición del dinero. El 23 de septiembre, tras detectar irregularidades, el banco se comunicó con la EMT, y Josep Enric Garcia Alemany, entonces gerente, detuvo la operación, descubriendo así el fraude del CEO. Pese a las denuncias ante la Policía Nacional y las autoridades chinas, de los 4,2 millones de euros, solo quedaban 150,000 euros.
El caso fue asignado al juzgado de instrucción número 18 de Valencia, conocido por la lentitud de sus procesos, como se evidenció en investigaciones anteriores como los casos Taula e Imelsa. En el ámbito laboral y económico, se determinó rápidamente que el despido de Zafra fue procedente, al haberse quebrantado la confianza de la empresa por la divulgación de datos personales, y que Zafra era responsable contablemente del agujero financiero. No obstante, Zafra no posee los 4 millones que le reclama el Tribunal de Cuentas.
La investigación penal permanece estancada, sin que se haya esclarecido quién es responsable de lo ocurrido. Aunque tribunales en Hong Kong condenaron a dos ciudadanos chinos, estos nunca fueron localizados. Por esta razón, el juez ha enviado comisiones rogatorias a Kenia e Irlanda solicitando información sobre los titulares de la cuenta de Gmail utilizada para enviar los correos, cuya dirección imitaba una oficial de Deloitte. Tanto la llamada que recibió Zafra, con acento español, como los correos falsos, convencieron a la exdirectora de la autenticidad de la operación, sin que ella, la empresa ni el banco alertaran del fraude hasta que el dinero desapareció.
