PSPV y Compromís han presentado una propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para Valencia, la cual solicitaron a la alcaldesa María José Catalá que se abstenga de votar en contra para que pueda ser aprobada. El plan, que contempla la aplicación progresiva a toda la ciudad, incluye subvenciones para quienes necesiten renovar sus vehículos, comenzando su implementación el 1 de enero de 2026 en etapas graduales.
Papi Robles, portavoz de Compromís, y Borja Sanjuan, portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, hicieron públicas estas intenciones en una rueda de prensa al solicitar un pleno extraordinario. Argumentan que la aprobación del proyecto evitaría la pérdida de 150 millones de euros en ayudas de Europa y del Estado. Robles criticó a Catalá por expresar su escepticismo respecto a la medida, insistiendo en que la propuesta aborda tres objetivos cruciales: evitar la pérdida de fondos, estructurar una ZBE más equitativa y social, y reducir la contaminación.
Robles instó a Catalá a dejar que sus 16 concejales trabajen en el proyecto, subrayando que los 13 concejales de Catalá incluyen a cuatro “negacionistas del cambio climático”. Solicitó que en el pleno extraordinario Catalá se abstenga, permitiendo así que la moción progrese y beneficie a los barrios de Valencia.
Sanjuan dirigió la propuesta directamente a Catalá, señalando que el responsable de Movilidad, Jesús Carbonell, está desacreditado por su falta de argumentos, y aclaró que no necesitan el voto a favor del PP, solo que no lo bloqueen. Sanjuan enfatizó que la abstención de Català podría salvar a la ciudad de una deuda millonaria y que debería anteponer su papel de alcaldesa a sus aspiraciones políticas en el PP.
La propuesta abarca toda Valencia con el fin de reducir la contaminación y mejorar la salud pública. Incluyen ayudas para familias vulnerables, exenciones para personas con movilidad reducida, y medidas transitorias que permitan a comercios y servicios adaptarse. Desde 2027, se planea reservar el 55% de los espacios de estacionamiento para residentes, eliminando tasas para hogares con menos recursos.
La moción responde a lo que califican como una “situación de riesgo colectivo”, respaldada por datos que muestran que el 40% de los barrios ya exceden límites de contaminación. Las decisiones del actual gobierno municipal habrían empeorado el tráfico, revirtiendo políticas previas de reducción de emisiones. La moción también aboga por revisar ciertas decisiones del PP que aumentaron el tráfico.
El plan estratégico apunta a favorecer los espacios verdes, movilidad peatonal y la reducción del tráfico vehicular, tales como un Corredor Verde sin vehículos, mientras se asegura la accesibilidad para residentes y servicios de emergencia.
El cronograma para las etiquetas vehiculares especifica que desde el 1 de enero de 2026 se restringirán vehículos con etiqueta A provenientes de fuera de Valencia, ampliando gradualmente las restricciones a 2027 para residentes. Para vehículos con la etiqueta B, las limitaciones comenzarían en 2027 y 2028 para vehículos de fuera de la provincia y de la ciudad, respectivamente, con un compromiso de espacio reservado para residentes en las plazas de aparcamiento.
