Valencia, 25 de junio de 2021.- En relación al anuncio sobre el fallo de la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) sobre la tramitación del expediente para la declaración de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en Russafa, desde la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, de la que forma parte la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa ( Al Balansí) y como parte implicada en el recurso, queremos realizar las siguientes manifestaciones:
En primer lugar, la Coordinadora y Al Balansí acatan el fallo del Tribunal Supremo y el respeto a las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera, pero no van a pronunciarse sobre su contenido hasta conocer la resolución en su profundidad.
En segundo lugar, el colectivo de las pymes se ven a necesidad de reiterar que el debate sobre las ZAS, después de 25 años, pertenece al pasado y que ha llegado el momento de poner en marcha medidas concretas y eficaces para la protección ambiental de la ciudad y de la apuesta por un ocio inteligente y sostenible.
En este contexto, desde la Coordinadora reclamamos la puesta en marcha del Observatorio por el Ocio y el Turismo, aprobado el último pleno de la anterior legislatura, y que, sin embargo, el Ayuntamiento se resiste a activar para establecer una mesa de trabajo y de diálogo capaz de definir una batería de medidas para la lucha contra el ruido.
En este contexto, los hosteleros recalcan su voluntad de colaboración y, al mismo tiempo, reivindican que se sienten tan vecinos como cualquier otro residente de los barrios de Valencia. De la misma forma, sostienen que se sienten víctimas de la incapacidad de la administración municipal para poner en marcha medidas concretas de lucha contra el ruido que eviten la criminalización de la actividad económica de las pymes hosteleras y del ocio y de sus trabajadores.
Por último, la Coordinadora quiere dejar claro que, en estos momentos, la cruda y preocupante realidad es que estamos asistiendo a un escenario lamentable de conductas incívicas y de falta de control y prevención de las mismas, que perjudican seriamente a la convivencia vecinal y a la actividad económica del sector, y que ahora mismo se ve doblemente penalizada por las restricciones horarias y por el deterioro de la imagen social del ocio en especial. Todo en ello, en un momento en el que existe una euforia de socialización, como consecuencia de los 15 meses de pandemia, y ante la nula capacidad de planificación de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia para abordar un plan de medidas tras la finalización del toque de queda.
