La Asamblea por las Libertades y contra la Represión (Micalet) ha presentado un recurso contra el archivo de la denuncia contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, y el jefe superior de Policía de la Comunitat, Antonio Moreno, al considerar en este fallo “una falta de procedimiento penal” ya que el juez “ha dictado el archivo sin aperturar un proceso de averiguación de los hechos”.
Fabiola Meco, una de las representantes, ha realizado estas afirmacionesen la puerta del Instituto Luis Vives de Valencia, donde comenzaron los indidentes, en la que desplegaron una pancarta en la que se podía leer: ‘Som el poble. No el enemic’. Entre los participantes, se encontraban el portavoz adjunto de EUPV en las Corts Ignacio Blanco o el asesor de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Giuseppe Grezzi.
El pasado 8 de junio un total de 23 integrantes de la Asamblea Micalet interpusieron una denuncia por los sucesos acaecidos tanto en las inmediaciones del antiguo hospital La Fe el día 14 de febrero como en el centro de la ciudad de Valencia entre los días 15 y 21 del mes de febrero por considerar que tanto la delegada del Gobierno como el jefe de policía podían haber incurrido en varios delitos. Sin embargo, el titular del juzgado de instrucción número 6 de Valencia ha archivado la denuncia al no apreciar en su actuación “la existencia de conductas penalmente relevantes”.
No obstante, Meco ha justificado el recurso en que “se ha faltado en primer lugar a esa fase de procedimiento, no se ha dejado que se investiguen los hechos denunciados y por tanto no ha permitido aportar todas las pruebas que hubieran sido posible para la verificación”.
Meco ha lamentado que el juez “no les haya permitido ratificar a las 23 asociaciones denunciantes la propia denuncia decretando el archivo”. En ese sentido, ha señalado que “ha faltado a los derechos que el Tribunal Constitucional tiene reconocidos” y en concreto se ha referido al artículo 24 que garantiza “el derecho a un procedimiento judicial con todas las garantías debidas”.
Por ello, Meco ha señalado que al conocer esta resolución se han quedado “sorprendidos” y “preocupados” porque “confiábamos en que al menos se abriera el procedimiento y se pudiera por lo menos investigar los hechos como ocurre en cualquier denuncia”.
VLCCiudad/Redacción
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