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Rodríguez destaca los planes de inversiones sostenibles de la Diputación como ejemplo de uso eficiente del superávit de las administraciones

Valencia Noticias | Redacción.- El presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha celebrado el decreto estatal aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros y que permite a los ayuntamientos y entes locales destinar más dinero de su superávit a realizar inversiones sostenibles. Un tipo de inversiones que la corporación provincial viene incentivando desde el primer momento de la legislatura, con la creación de un IFS que hasta la fecha ha repartido más de 100 millones de euros entre los municipios valencianos.Jorge Rodríguez, presidente de la Diputació de València.

En palabras de Rodríguez, “no nos equivocamos en su día cuando decidimos invertir en las personas los remanentes que de otro modo habrían acabado en los bancos”. Para el presidente de la Diputació, “el IFS que creamos y que ha permitido a los municipios mejorar sus espacios públicos con más de 3.000 obras y la generación de 2.500 puestos de trabajo, forma parte de la reivindicación que siempre hemos hecho los municipalistas de que era necesario premiar a los ayuntamientos que tuvieran una gestión eficiente”.

En 2014, el Gobierno central flexibilizó la Ley de Estabilidad Presupuestaria que dos años antes obligaba a las administraciones públicas a destinar el superávit a la reducción del endeudamiento. Se daba respuesta así a la voz del municipalismo, que “no estaba de acuerdo en frenar el desarrollo y la calidad de vida de aquellos municipios que cumplían con sus deberes”, según explica Rodríguez. El responsable provincial muestra su satisfacción por la prórroga que permitirá a los entes locales seguir destinando parte de su superávit a inversiones sostenibles en 2018, pero sobre todo, y esta es la gran novedad del decreto estatal aprobado el 23 de marzo, por la inclusión de nuevos servicios públicos a los que podrá destinarse dicho superávit.

De esta forma, además de la reurbanización y asfaltado de calles, la mejora de redes de suministro de agua o la renovación de parques y zonas verdes, entre otras actuaciones contempladas en la norma de 2014, los ayuntamientos podrán ahora invertir una parte mayor de su superávit en servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de Infantil, Primaria y Educación Especial, biblioteca y archivos, equipamientos culturales y museos e instalaciones deportivas.

Rodríguez destaca que esta ampliación en los servicios públicos objeto de inversiones sostenibles se ha acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias, y “permitirá que aquellos ayuntamientos y entidades locales que han hecho un gran esfuerzo de consolidación presupuestaria, contribuyendo a la consecución del objetivo de reducir el déficit público, dispongan de mayor liquidez para mejorar los servicios esenciales de sus comunidades, sin perjudicar la estabilidad de las cuentas públicas”.

El presidente de la Diputació considera que “los municipalistas hemos denunciado siempre que se castigase la buena gestión de los entes locales, por eso es importante que sigamos trabajando unidos desde las instituciones que gestionamos para que el Gobierno siga abriendo el camino a inversiones necesarias para el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades”.

En la Diputació de València, el IFS ha sido solo una de las patas de una gestión centrada en el incremento de las ayudas a los municipios. “Los alcaldes y alcaldesas necesitan una financiación justa para desarrollar esa autonomía municipal por la que apostamos, y es lo que estamos haciendo con una mayor dotación presupuestaria de los planes provinciales y el Fondo de Cooperación Municipal, que hemos puesto en marcha junto a la Generalitat”, explica Rodríguez. Y lo más importante, concluye el presidente, es que “esas transferencias directas a los ayuntamientos se están invirtiendo en aquello que necesitan los municipios, con ayudas regladas cuyo destino deciden los alcaldes y alcaldesas”.

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