Bustinduy urge acción en la UE por crisis de vivienda

La vivienda como derecho clave frente a la exclusión social

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha lanzado una alerta urgente a la Unión Europea ante la creciente crisis de vivienda que afecta al conjunto de países miembros. Durante un encuentro celebrado en Bruselas con responsables de Asuntos Sociales de los 27 Estados miembros, el ministro español hizo un llamamiento claro: hay que actuar ya para evitar que la situación siga empujando a miles de personas hacia la exclusión social y la pobreza extrema.

Un reto europeo que requiere soluciones conjuntas

En su intervención, Bustinduy destacó que el acceso a una vivienda digna debe ser una prioridad irrenunciable para toda la Unión Europea. Consideró que es inadmisible que, en pleno siglo XXI, se sigan ejecutando desahucios sin alternativa habitacional, sometiendo a las personas más vulnerables a situaciones de extrema precariedad.

El ministro subrayó que la solución a esta emergencia habitacional debe pasar por una respuesta coordinada y estructural desde las instituciones europeas, en colaboración estrecha con los Estados miembros, ONG y entidades locales.

Propuestas presentadas por España en Bruselas

• Ampliar el presupuesto europeo destinado a programas de vivienda social y alquiler asequible.
• Impulsar reformas legislativas comunes que protejan a las personas en riesgo de desahucio.
• Establecer una red europea de seguimiento sobre la exclusión residencial.
• Aplicar el principio de “vivienda primero”, especialmente para personas sin hogar.

Estas medidas, sostiene Bustinduy, son fundamentales para hacer frente al deterioro social que está provocando el aumento del precio de la vivienda, la escasez de oferta en alquiler asequible y el incremento de los desplazamientos forzosos dentro de los núcleos urbanos.

El caso de España: desafíos y respuestas

El titular de Derechos Sociales planteó también la situación particular de España, donde miles de hogares destinan más del 40% de sus ingresos mensuales al pago de la vivienda, hipotecándose económicamente y limitando su acceso a otros derechos básicos como la alimentación o la sanidad.

Destacó que el problema no solo afecta a las personas sin hogar o en pobreza extrema, sino que ya está impactando fuertemente en:

• Jóvenes que no pueden emanciparse debido al precio del alquiler.
• Familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres.
• Personas mayores con pensiones bajas y sin acceso a servicios comunitarios adecuados.

En este sentido, Bustinduy defendió el compromiso del Gobierno de España con una agenda progresista que combata la vulnerabilidad residencial mediante reformas como la Ley de Vivienda aprobada en 2023, un marco normativo pionero en Europa que reconoce la función social del derecho a la vivienda.

España lidera el enfoque de vivienda como derecho social

Durante su discurso en Bruselas, el ministro explicó que la Ley de Vivienda española ha introducido mecanismos como:

• Regulación de topes de precios en áreas tensionadas.
• Obligación de ofrecer alternativa habitacional antes de desahuciar a familias vulnerables.
• Fomento de la vivienda pública y social en alquiler a través de colaboración público-privada.

Además, España ha renovado su Estrategia Nacional contra las Personas sin Hogar, alineada con los objetivos de la Plataforma Europea para Combatir la Exclusión Residencial, promovida por la Comisión Europea. Dicha iniciativa se basa en el enfoque “Housing First”, un modelo que prioriza la vivienda estable como condición previa para la integración social.

La dimensión europea de la crisis

Bustinduy advirtió que esta crisis no es un fenómeno aislado de unos pocos países. La especulación inmobiliaria, la gentrificación de los centros urbanos y la falta de políticas de vivienda inclusivas están alimentando el problema en casi toda Europa:

• En ciudades como Ámsterdam, París o Berlín, los precios del alquiler se han disparado hasta un 40% en los últimos cinco años.
• Más de 11 millones de personas viven en condiciones de infravivienda en la UE, según Eurostat.
• La pandemia de la COVID-19 ha agravado la situación, poniendo aún más presión sobre hogares sin capacidad de ahorro o sin redes de apoyo.

Por ello, Bustinduy propuso elevar el derecho a la vivienda como un eje central de la política social europea, similar a como se ha hecho con el empleo, la educación o el bienestar digital, e insistió en que “sin vivienda, no hay dignidad”.

La vivienda, clave en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El ministro resaltó que garantizar el acceso universal a una vivienda adecuada es una de las metas concretas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular del ODS 11, que aborda la necesidad de lograr “ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.

Además, recordó que la Agenda 2030 firmada por los Estados miembros establece el compromiso de “garantizar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles”.

Perspectivas de futuro: vivienda como pilar de cohesión social

Desde España, Pablo Bustinduy propone transformar la política de vivienda europea para que sea considerada un verdadero pilar del Estado de bienestar. Para lograrlo, sugirió medidas como:

• La creación de un Mecanismo Europeo de Emergencia Habitacional.
• Programas conjuntos de construcción de vivienda pública ecológica y sostenible.
• Estándares mínimos europeas frente a los desahucios forzosos.

Dichas propuestas ya cuentan con el apoyo de varios países y entidades sociales que ven en ellas una oportunidad para restaurar la cohesión social en las ciudades europeas, especialmente en aquellas castigadas por procesos de expulsión residencial en los últimos años.

Colaboración ciudadana y protagonismo institucional

Bustinduy concluyó su intervención animando a las instituciones europeas a escuchar tanto a los colectivos afectados como a los gobiernos locales y regionales, que son quienes están en primera línea de contacto con la ciudadanía.

“La vivienda debe dejar de ser un bien de mercado para convertirse de nuevo en un derecho humano fundamental”, enfatizó, y anunció que España trabajará junto a otras delegaciones europeas para consolidar un Pacto Europeo por la Vivienda Social que siente las bases para soluciones a largo plazo.

Conclusión: Europa ante el desafío de garantizar el derecho a la vivienda

La llamada de atención lanzada por Pablo Bustinduy encuentra eco en una Europa cada vez más tensionada por la falta de acceso a vivienda asequible. Con millones de personas viviendo al borde de la exclusión y generaciones enteras sin perspectivas reales de emancipación, la UE se enfrenta a un reto crucial que toca el corazón de su promesa social.

La propuesta española se convierte así en un referente progresista que vincula el derecho a la vivienda con la dignidad, estabilidad y justicia social, consolidando su papel como motor en la transformación de las políticas sociales europeas.

El futuro del modelo europeo de bienestar estará cada vez más ligado a la capacidad de sus instituciones para hacer realidad derechos fundamentales como el acceso a una vivienda segura, digna y accesible para todos.