IVASS auditará irregularidades del Botànic entre 2016 y 2023

La Generalitat autoriza una auditoría forense ante posibles anomalías en la gestión del anterior Consell

La Generalitat Valenciana ha iniciado el proceso para llevar a cabo una auditoría forense en el Instituto Valenciano de Acción Social (IVASS), con el objetivo de investigar presuntas irregularidades cometidas durante los gobiernos del Pacte del Botànic, quienes gestionaron la Comunitat entre los años 2016 y 2023.

La actuación, aprobada por el actual Consejo de la Generalitat presidido por Carlos Mazón, responde a diversas alarmas administrativas vinculadas a contrataciones públicas y gestión de centros sociales durante los mandatos de PSOE, Compromís y Unidas Podemos.

¿Qué es IVASS y por qué es relevante en esta auditoría?

El Instituto Valenciano de Acción Social (IVASS) es un organismo autónomo dependiente de la Generalitat, dedicado a la atención de personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y otras situaciones de vulnerabilidad social. Su papel es clave en la prestación de servicios sociales públicos en la Comunitat Valenciana.

Dada su importancia, cualquier gestión anómala de recursos o contratos públicos en este organismo puede tener implicaciones políticas, sociales y legales significativas. De ahí que el Consell actual haya optado por una revisión exhaustiva y técnica de lo ocurrido durante la gestión anterior.

En qué consistirá la auditoría forense del IVASS

La auditoría forense impulsada por la Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda —dirigida por Susana Camarero— pretende analizar con profundidad los procesos llevados a cabo en el IVASS durante siete años. Esta auditoría tendrá un enfoque técnico y no político, con el fin de garantizar transparencia, veracidad y rigor administrativo.

Objetivos principales de la auditoría:

• Detectar irregularidades contables o anomalías económicas en la gestión del IVASS.
• Revisar contratos públicos adjudicados entre 2016 y 2023.
• Comprobar que las actuaciones se ajustan a la legalidad vigente.
• Depurar responsabilidades administrativas o jurídicas si se detecta algún delito.

El informe resultante se trasladará tanto a los órganos de fiscalización internos como, si procede, a la Agencia Valenciana Antifraude o tribunales.

Presuntas anomalías observadas

Según fuentes cercanas al Consell, la decisión de iniciar la auditoría no obedece solo a motivaciones políticas, sino a señales específicas detectadas por los actuales responsables del organismo.

Entre las presuntas irregularidades figuran:

• Concesiones de contratos sin publicidad previa ni concurrencia.
• Pagos duplicados o sin expediente justificativo.
• Compra de materiales con sobrecostes.
• Gestión ineficiente en residencias sociales.

Estas posibles anomalías se habrían producido de forma sostenida durante las legislaturas del Pacte del Botànic, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible mala praxis administrativa.

La denuncia ante la Agencia Antifraude

Desde la llegada del nuevo ejecutivo autonómico, uno de los primeros movimientos fue el traslado de ciertos expedientes sospechosos a la Agencia Valenciana Antifraude. De hecho, varias voces del Consell indican que la remisión de estos documentos ya derivó en advertencias preliminares por parte del órgano fiscalizador.

La nueva dirección de Servicios Sociales señala que, dada la magnitud de los recursos gestionados por el IVASS, la opacidad mostrada en algunos procedimientos resulta alarmante. Por ello, la auditoría forense pretende ser un instrumento útil para determinar si se ha incurrido en infracciones legales o casos de corrupción.

Reacciones políticas a la auditoría forense

La decisión de auditar el IVASS ha generado un intenso debate político entre los partidos valencianos.

Respaldo del gobierno de Mazón

Los partidos del gobierno autonómico —PP y Vox— consideran que la auditoría es una medida necesaria para verificar si se han cometido irregularidades.

Para Carlos Mazón, “es fundamental conocer la verdad”, y señaló que si el informe descubre responsabilidades, deberán ser asumidas y trasladadas a la justicia en caso necesario.

Críticas de la oposición

Por el contrario, desde PSPV, Compromís y Sumar, se ha calificado la auditoría como una “caza de brujas” impulsada para desacreditar la labor de los anteriores gobiernos progresistas.

Desde Compromís, portavoz del área social en Les Corts, denunciaron que se trata de una estrategia para “intentar tapar la falta de liderazgo y proyectos del actual ejecutivo”.

Un precedente incómodo: el control de los centros sociales públicos

Una de las áreas más sensibles administradas por el IVASS es la red de centros y residencias para personas con discapacidad. Se trata de equipamientos financiados con dinero público y cuyo control ha sido fuente de controversia en los últimos años.

Durante la pandemia y los años posteriores, han salido a la luz diversas quejas por parte de familiares, asociaciones y sindicatos denunciando situaciones de falta de personal, deficiencias en servicios o falta de mantenimiento básico.

La auditoría no solo pretende fiscalizar los números, sino también investigar si hubo dejadez o ineficiencia en la prestación de servicios esenciales para los colectivos más vulnerables.

Una apuesta por la transparencia: contrataciones externas y plazos

Según ha informado la Consejería de Servicios Sociales, la auditoría será realizada por expertos independientes ajenos al Ejecutivo autonómico para garantizar la objetividad del procedimiento.

El proceso de fiscalización se abrirá a una licitación pública, en la que podrán participar firmas especializadas en consultoría, auditoría y derecho administrativo.

Se prevé que la auditoría cumpla con los siguientes plazos:

• Inicio de la licitación: Primer semestre de 2024.
• Adjudicación del contrato: Segundo semestre de 2024.
• Entrega del informe final: En un plazo no superior a un año desde su inicio.

La Generalitat ha asegurado que las conclusiones se harán públicas una vez finalice la auditoría, reafirmando su compromiso con la transparencia institucional.

Una mirada al futuro: el impacto de la auditoría en la política valenciana

El desarrollo de esta auditoría forense al IVASS podría marcar un antes y un después en la gestión de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana. Si se confirman presuntas irregularidades en la era del Botànic, habría implicaciones no solo administrativas, sino también políticas y judiciales.

Desde el nuevo gobierno de Mazón se ha reiterado que no se trata de una cacería política, sino de un esfuerzo por garantizar la legalidad, eficiencia y justicia social en el uso de fondos públicos.

Sin embargo, esta auditoría también podría convertirse en un instrumento de confrontación política en Les Corts y en la opinión pública, avivando el debate entre modelos de gestión progresista y conservador, especialmente en un área tan delicada como la acción social.

Conclusión: una iniciativa con repercusiones de gran calado

La auditoría encargada por la Generalitat al IVASS responde a una política de tolerancia cero frente a la corrupción y la mala gestión. El examen a fondo de la etapa 201